11.ª Sesión - Congreso

7 jun. 2017 - Entonces, como lo ha mencionado Javier, en la carta está cada una de ...... Sotomayor contra el Fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez ...
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Esta sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso de la República a las 22:15 horas del miércoles 7 de junio de 2017. PERÍODO LEGISLATIVO 2016-2017 COMISIÓN PERMANENTE 11.ª SESIÓN (Vespertina) (Texto Borrador) MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2017 PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES SUMARIO Se pasa lista.— Se abre la sesión.— —A las 16 horas y 08 minutos, bajo la Presidencia de la señora Luz Salgado Rubianes e integrando la Mesa Directiva la señora Rosa María Bartra Barriga, el señor Richard Acuña Núñez y la señora Luciana Milagros León Romero, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Buenas tardes, señoras y señores congresistas. 1

Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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Se va a pasar lista para computar el quórum. El RELATOR pasa lista: La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Señores congresistas, han contestado a la lista veinte congresistas. El quorum para la presente es de doce. Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión. Se pone en observación las Actas de las sesiones celebradas los días 9, 16 y 28 de febrero de 2017. Si ningún congresista formula observación a las Actas, se darán por aprobadas. —Se aprueban, sin observaciones, las actas de las sesiones 8.ª, 9.ª y 10.ª, celebradas los días 9, 16 y 28 de febrero de 2017, respectivamente. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Aprobadas. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar cuenta de cuatro oficios relacionados con la remoción del señor Edgar Alarcón Tejada del cargo de Contralor General de la República. Señor relator. El RELATOR da lectura: Del congresista Velásquez Quesquén, mediante el cual solicita a la Presidenta del Congreso que convoque a la Comisión Permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario evalúe la remoción del cargo de Contralor General de la República al CPC Edgar Alarcón Tejada, al no haber acreditado la conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral que le impone el artículo 28° de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en virtud de hechos que, al momento de su postulación y nombramiento, había ocultado a la opinión pública y al Congreso de la República. Oficio 730, presentado el 29 de mayo de 2017. Del congresista Bruce Montes de Oca, vocero del Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio, mediante la cual comunica la adhesión de su grupo parlamentario a la solicitud planteada por el congresista Velásquez Quesquén, para que la Presidenta del Congreso convoque a la Comisión Permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario evalúe la remoción del cargo de Contralor General de la República al CPC Edgar Alarcón Tejada. Carta, sin número, presentada el 30 de mayo de 2017. De la congresista Montenegro Figueroa, mediante el cual solicita a la Presidenta del Congreso que convoque a la Comisión Permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario debata la remoción del cargo de Contralor General de la República al CPC Edgar Alarcón Tejada, considerando la discutible capacidad ética y probidad mostrada por el citado funcionario. Oficio 429, presentado el 31 de mayo de 2017. 2

Del congresista Arana Zegarra, vocero del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, mediante la cual solicita que se convoque a sesión de la Comisión Permanente con la finalidad de que dicho órgano parlamentario cite al señor Edgar Alarcón Tejada, Contralor General de la República, para que responda por las graves acusaciones recibidas en su contra. Carta 149, presentada el 2 de junio de 2017. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar lectura a los artículos 82° de la Constitución Política del Perú y 93° del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator. El RELATOR da lectura: "Constitución Política del Perú Artículo 82°.— La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público, que goza de autonomía conforme a su Ley Orgánica, es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave." "Reglamento del Congreso de la República Formas de la designación, elección y ratificación de funcionarios Artículo 93°.— El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa y remueve al Contralor General de la República y ratifica la designación del presidente del Banco Central de Reserva, a quien puede remover, y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando las condiciones señaladas en la Constitución Política y en las leyes orgánicas de las respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los reglamentos especiales que apruebe el Congreso. En todos los casos, se expedirá resolución legislativa. Tratándose del procedimiento de elección de altos funcionarios, no congresistas, en los que se requiera el sistema de votación secreta y por cédula, el acto de elección podrá efectuarse simultáneamente durante el transcurso de la respectiva sesión del Pleno del Congreso, debiendo establecerse obligatoriamente la hora de inicio, cierre de la votación y del correspondiente escrutinio, lo que deberá efectuarse el mismo día, sin posibilidad de receso o suspensión de la sesión. Durante el proceso de votación, el Pleno podrá tratar los demás asuntos contenidos en la agenda respectiva, siempre y cuando no tenga por objeto la elección de los miembros de la Mesa Directiva. Los reglamentos especiales para la designación, elección y ratificación de los funcionarios del Estado, que señala la Constitución, forman parte del presente Reglamento del Congreso." 3

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresistas, en primer término vamos a dar el uso de la palabra a los firmantes de los oficios, de las cartas, y en el orden cronológico que han sido llegadas a la Presidencia. Tiene el uso de la palabra el congresista Velásquez Quesquén. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muchas gracias, señora presidenta; y gracias a todos los colegas de la Comisión Permanente. En mi condición de congresista, presidenta, el lunes pasado plantee la remoción del contralor por falta grave. Y quisiera que me permita dos, tres minutos para hacer una disquisición, porque en el debate público necesario que consolida el sistema democrático he visto declaraciones, discusiones, propuestas y quisiera orientar exactamente cuál es el ámbito de mi petición. Entonces, primero quiero hablar sobre la naturaleza jurídica de la remoción de autoridades, y diferenciar qué es remoción y qué es destitución. Yo no he pedido destitución y lo voy a explicar por qué. La remoción por falta grave la establece el artículo 82 de la Constitución. El artículo 82 de la Constitución dice, que a propuesta del Presidente el Congreso designa y remueve por falta grave al contralor. Aquí quiero hacer una reflexión porque en los antecedentes que yo voy a hablar, por qué estamos en estos problemas, es justamente porque he escuchado y legítimamente algunos parlamentarios que defienden al contralor decir sí, que se le investigue pero hay que respetar el debido proceso. Pero aquí creo que cabe una reflexión que hay que modificar la Constitución en el futuro para que el Congreso sea una mesa de partes. Yo creo que el Congreso por mandato de la Constitución debe decir “el Congreso designa previa evaluación al contralor”, porque nosotros lo que hemos visto el 14 de junio del año pasado, cuando una mayoría parchada entre el Nacionalismo, entre Perú Posible y gente de otras bancadas, impidieron que hiciéramos una evaluación de quién era, en ese entonces, el candidato y posteriormente el contralor general de la República. Evaluar a este alto funcionario es una condición necesaria para garantizar una función eficiente de quien se erige por encima de los tres Poderes clásicos, tanto del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en el supervisor de que estos Poderes públicos puedan legalmente ejecutar los recursos públicos y evitar que se abran espacios de corrupción. Entonces, no estamos eligiendo a cualquier funcionario con el respeto que me merece, presidenta; por eso, es que he circunscrito mi pedido cuando he dicho remoción es lo que dice la Constitución y por falta grave. Y como peticionante de esta remoción tengo que, objetivamente, bajo el principio de legalidad decir cuáles son esas faltas graves; esas faltas graves están en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. 4

Pero quiero decir lo siguiente, presidenta, una falta se diferencia de un delito, cuando yo hablo de falta grave, el espíritu del constituyente y del desarrollo del Reglamento del Congreso, y también de la Ley del Sistema Nacional de Control, la Ley 27785, establece que la falta grave es un procedimiento administrativo disciplinario, parlamentario, que le hacemos a algunos funcionarios, que es diferente a un procedimiento de destitución, que es posterior a que a un alto funcionario comprendido en el artículo 99 cuando infringe la Constitución se le hace un juicio político, pero cuando comete un delito de función se le hace un antejuicio político. Luego del juicio político por infringir la Constitución o del antejuicio político por haber cometido el alto funcionario, incluido el contralor, un delito de función, la conclusión de ese proceso es la destitución del funcionario. Yo no he pedido ese camino, no he pedido, no he hecho esa solicitud. Yo lo que he dicho es que por lo que he visto y lo que he visto posteriormente, el actual contralor de la República ha reflejado en su postulación para candidato condiciones que no justifican la idoneidad para ese alto cargo, y posteriormente, que no tiene la solvencia moral que se exige, que no es un concepto metafísico, gaseoso, sino que tiene una concreción en la propia ley y en la línea de trabajo que debe tener este alto funcionario, entonces que quede muy claro. Yo he pedido remoción, por falta grave. No he pedido destitución, porque el señor no encuentro elemento que haya infringido la Constitución, ni mucho menos ha cometido un delito de función. Quiero decir lo siguiente: que este procedimiento de remoción por falta grave es independiente, pero no excluyente de que ese hecho también puede ser un delito. Y eso lo verá el Ministerio Público, lo puede ver la Comisión de Fiscalización, pero luego de determinar que esta es una falta administrativo-disciplinario de carácter parlamentario por la cual se puede remover al contralor, porque lo dice la Constitución, el artículo 93.° y la Ley del Sistema Nacional de Control, quiero decir, quién es el órgano competente, y esto es muy importante, quién es el órgano competente para procesar al contralor por falta grave. Y el artículo 82.°, como lo digo, especialmente el artículo 82.° y su desarrollo en este artículo, el artículo 93.° del Reglamento del Congreso, dice: Que la Comisión Permanente designa y remueve al contralor, la Comisión Permanente, nosotros, la Comisión Permanente. Entonces... La Comisión Permanente también tiene otro tipo de atribuciones. Cuando el funcionario comete una infracción a la Constitución, la Comisión Permanente no procesa al funcionario directamente sino a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cuando comete un delito de función, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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Entonces, el juicio político, el antejuicio político sí tienen un procedimiento determinado, pero el procedimiento de remoción por falta administrativa-disciplinario, si bien es cierto no tiene establecido un proceso como el juicio político y el antejuicio político, el Tribunal Constitucional ha salvado esta deficiencia, este vacío que hay en el Reglamento, y ha dicho, que en tanto se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa del funcionario que se promueve su remoción, el Parlamento ha constitucionalizado un proceso. Y quiero referirme a dos casos puntuales, Presidenta. El año 2001, la contralora de ese entonces, Carmen Higaona, con la actual Constitución y el actual Reglamento fue removida del cargo por falta grave, ¿y sabe por qué?, porque nombró en la Contraloría, llevó de Aduanas a la Contraloría, porque ella era superintendenta de Aduanas, llevó a la Contraloría a un funcionario que tenía procesos penales en agravio del Estado. Por esa causa, el Parlamento la removió. ¿Qué hicimos? Se le hizo los cargos, se le garantizó el derecho al debido proceso a través de su defensa, se defendió ella, vino su abogado, la defendió y luego ella no estuvo satisfecha con la remoción. Y quiero decir algo: ¿Saben por qué un órgano fuera de la Comisión Permanente no puede ver el tema de remoción, por una sencilla razón? Porque una vez que si la Comisión Permanente decide remover al funcionario tiene que declarar la vacancia, tiene que declarar la vacancia para habilitar el espacio constitucional que el presidente pueda hacer una nueva propuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El año 2001, Carmen Higaona no estuvo de acuerdo con la remoción, se declaró la vacancia, fue al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dijo: No hay procedimiento, sí, pero a usted le han garantizado el derecho al debido proceso porque usted y su abogado se han defendido, entonces, el Tribunal Constitucional hizo ese proceso. Pero quiero decir también en base al órgano competente, qué casos también resolvimos nosotros, yo era Presidente del Congreso. Nosotros nombramos a esta señora Ingrid Suárez Velarde, la nombramos contralora general de la República, ¿y qué es lo que pasó?, que ella, a pesar que en la Comisión Permanente nosotros nombramos un grupo de parlamentarios para que evaluara la trayectoria y la currícula de esta profesional, ella terminó sorprendiendo al grupo y a la Comisión Permanente, y en ese grupo nos apoyó Karina Beteta, Yonhy Lescano, lo presidió Mercedes Cabanillas, y sorprendió. Y yo recuerdo y lo quiero reconocer que Lescano hizo una advertencia, porque ella usaba el título de ingeniera y no tenía el título de ingeniera. De pronto, se hace una solicitud a la Universidad de Gijón, donde ella decía que había estudiado ingeniería, y la universidad determinó que el título que ella había presentado era falso, o sea, aparece una situación posterior a la elección, y ¿qué hicimos nosotros? Yo presidía ese Congreso. Nos reunimos y dejamos sin efecto ese nombramiento. Lo dejamos sin efecto a pesar de que ese hecho constituía un delito, pero ese tenía que verlo el Ministerio Público. 6

Lo que el Congreso tenía que resolver es su decisión de haber elegido, y al surgir esta causa que era evidentemente una infracción administrativa disciplinaria, procedimos a removerla. Quiero concluir, presidenta, en este tema del órgano competente, de que en ambos casos la Comisión Permanente ha definido, y ha definido rápidamente en ambos casos en no más de una semana. No le quiero poner un plazo a la comisión, yo creo que las circunstancias cambian, las condiciones, y los casos concretos que yo voy a explicar con relación a por qué es una falta grave la que ha cometido este señor, podrían ameritar que la comisión o las personas que designen la Comisión Permanente, puedan tomarse el tiempo suficiente. Yo creo que no hay por qué angustiarnos de que este esto se defina hoy, mañana o pasado, sino que este señor tenga derecho a dar las explicaciones que debió dar el 14 de junio del 2016, y que por absurdamente esa posición de la mayoría nacionalista y sus aliados impidieron que nosotros les hiciéramos esas preguntas y levantáramos esas preocupaciones que ahora se han concretizado en una realidad lamentablemente. ¿Cuál era el argumento que nosotros sosteníamos el 14 de junio en la Comisión Permanente? ¿Que nos traigan al Contralor para que explique sus negocios inmobiliarios, y la mayoría nacionalista y sus aliados impidieron eso, y dijeron, e hicieron que el Congreso se dirigiera en una mesa de partes, porque no se hizo ninguna evaluación. En el caso de esta profesional Ibiris Suárez Velarde, si hubo una evaluación, si hubo. La Comisión Permanente se tomó su tiempo y le encargó a un grupo parlamentario. La Comisión Permanente que lo evaluara, lamentablemente esta señora sorprendió, pero, repito, creo que ese es el procedimiento democrático y tenemos que plantear una modificación en la Constitución para que en el futuro, de repente estando en la correlación de fuerzas y no tengamos que para nombrar a un alto funcionario del Estado, someter al Parlamento a que sea una mera mesa de partes. Yo sé que este Parlamento no va a ser causa común a priori con lo que yo estoy planteando, pero creo que va a evaluar seriamente la designación y la remoción que estoy pidiendo de este alto funcionario. ¿Cuáles son las causas de remoción, Presidenta?, y aquí voy a lo puntual. Todos los que somos abogados sabemos que cuando uno ejercite el procedimiento sancionador, el principio es la legalidad, no es que yo pienso porque es mi enemigo el Contralor, deben removerlo. No, no. Y cuando dice la Constitución se puede remover al Contralor por falta grave, la falta grave está tipificada en la Ley del Sistema Nacional del Control, si vamos al artículo 31.°, ahí están cuales son estas faltas graves. Pero el artículo 28.° de la Constitución, es la condición previa que debe tener un aspirante a Contralor, que establece claramente como requisito para ser Contralor, tener una conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral para el cargo.

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La conducta moral, la conducta intachable y la idoneidad, no tampoco son conceptos etéreos, gaseosos, metafísicos, sino que tienen una concreción cuando un funcionario para estos cargos califica para esta delicada función. Y cuando la ley dice reconocida solvencia moral, no solamente solvencia, sino que sea reconocida esta solvencia moral, o sea, cómo se reconoce la solvencia moral, la trayectoria del funcionario. Entonces, aquí viene las causas que considero yo, cuatro causales que ameritan que este funcionario sea procesado por falta grave: Primero, por dedicarse, a actividades lucrativas, ha habido discusión que no, que él cuando era Vicecontralor, la ley establece que cuando era el Vicecontralor o Contralor, no puede, dice: prohíbe, así dice: se prohíbe que el Vicecontralor, el Contralor puedan dedicarse a actividades lucrativas Y en el inciso f) de las causales de falta grave establece claramente, la ley dice: Es falta grave cuando se infringe las prohibiciones e incompatibilidades que establece la ley, entonces, lo que yo tengo que demostrar, es que el señor si se ha dedicado o no, siendo Vicecontralor o actual Contralor, a actividades lucrativas. Nosotros, el año pasado, conjuntamente con su bancada muchos de, Lucho Galarreta, nos acompañaban, sosteníamos que el señor se dedicaba al negocio inmobiliario, pero, bueno, ahora no solamente la documentación que se ha hecho pública, la que voy a alcanzar en unos momentos, sino la propia versión de la persona a la que se le imputa. ¿Esto lo merituará la Comisión Permanente o el grupo que designe? Si esta declaración de parte no es un elemento suficiente para que, por lo menos, la comisión vea si este señor se dedica a actividades lucrativas. ¿Por qué, presidenta? Voy a pedirle que pongan ese vídeo y luego diré por qué. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Autorizado el video. —Se procede a emisión de video. El señor ALARCÓN TEJADA.— No puedo negarlo. Yo sí procedí a comprar vehículo por vehículo, uno a uno, por remate en Estados Unidos. Accedía a una página, compraba por remate carros siniestrados, los importábamos. Llegaba el vehículo, se arreglaba y se vendía. Era una forma de ingreso. —Fin de emisión de video. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— La Comisión Permanente, a confesión de parte, necesita mayor abundamiento para que a este señor se le impute como falta grave. No solamente él se ha dedicado a la compra y venta de vehículos, sino también de inmuebles. No solamente ha comprado terrenos en Camaná y Cañete, sino que, como lo mostraré ahora, ha comprado terrenos de propiedad pública. Siendo gerente general de la 8

Contraloría, compra dos terrenos en Camaná a una municipalidad, de propiedad pública. ¿Cómo un funcionario de la Contraloría puede hacer una acción de control para ver la legalidad de esa operación si le ha comprado a la municipalidad y decir que lo ha comprado como cualquier ciudadano de a pie? No. Era el gerente general de la Contraloría. Esa conducta obviamente viola el Código de Ética del funcionario pública. Está en la ley, presidenta. Hay ahí un conflicto abierto de interés, porque eso lo único que hace es neutralizar al sistema de control. O cualquier control que se haga estará contaminado con este conflicto de interés. Y no solamente eso, presidenta, sino que lo más grave es que este señor también le compra vehículos a un proveedor de la Contraloría. ¿Cómo siendo el vicecontralor el año 2015, le compra a un proveedor de la Contraloría, que durante 10 años ha sido proveedor sistemático, una camioneta Audi. Este proveedor, el año 2014, la compra a cero kilómetros en 69 mil 700 dólares, y al año siguiente se la vende en 45 mil. O sea, 22 mil dólares menos. ¿Ese es el criterio de depreciación nuevo de un año a otro? No me parece. Creo que ese es un tema absolutamente irregular y que linda no solo con el conflicto de interés sino con una subvaluación que se tendrá que explicar. Es evidentemente violatorio del Código de Ética. ¿Qué otra cosa considero, presidenta, que la conducta del contralor ha infringido la Ley del Sistema? El contralor, durante cinco años, ha omitido hacer su declaración de ingresos de bienes y rentas. No solamente ha omitido, sino que al haberla subsanado no ha declarado los vehículos, inclusive un inmueble que ha comprado en Velasco Astete. ¿Cómo la máxima autoridad que por ley está obligada a supervisar que el presidente de la República, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores hagan en forma oportuna y veraz sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, el señor durante cinco años no declara. Y se ve obligado a declarar solo cuando comienza a pensar en la candidatura a la Contraloría General de la República. Por eso que él subsana en enero de 2016, y también por la presión de otro auditor que comenzó a exigir que se hicieran públicas las declaraciones juradas de este señor. Entonces, por lo menos esa es una trayectoria sombría, y creo que tendrá que explicar porqué este señor no hizo oportunamente su declaración jurada y porqué ha omitido declarar los bienes. Y todo lo que estoy sosteniendo está documentado, pero además está su propia declaración. Ponga el vídeo 2.

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—Inicio de la proyección de video. El señor .— Registros Públicos, no lo ha declarado por qué. Porque él fue omiso en la presentación... Él compra ocho vehículos, según Registros Públicos, y no los ha declarado por qué. Porque él fue omiso en la presentación de sus declaraciones juradas que por ley le correspondía hacer. Y la Ley 27785, que la puede ver textualmente, el artículo 33 prohíbe esa actividad lucrativa a un funcionario. —Fin de la proyección del video. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Pon el video 3, brevemente, son veinte segundos, presidenta, para corroborar este cargo por falta grave. —Inicio de la proyección de video. El presentador: Solo en el año 2013 Alarcón compró cinco autos. Ese año sus bienes alcanzaban, de acuerdo a su declaración jurada anual, los novecientos treinta y dos mil cien soles. Se supone que el año siguiente el valor de sus posesiones debió aumentar, ya fuera por los mismos vehículos o por las ganancias al venderlos, pero se mantuvo igual, en novecientos treinta y dos mil cien soles. El señor siendo el mismo?

.— Aquí ya son cinco vehículos, ¿por qué su patrimonio ha seguido

El señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Edgar Alarcón Tejada.— Claro, porque la utilidad por la venta de los vehículos de repente era, pues, mil, dos mil dólares que se consumían en tus gastos corrientes. O sea, vender un vehículo no significa que estoy aumentando un millón, o quinientos mil o cien mil o cincuenta mil. Lo que se ganaba por este tema es un tema irrisorio, de repente mil dólares, mil quinientos dólares, que fácilmente se podía gastar o consumir en tus gastos corrientes de la familia. —Fin de la proyección de video. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Es una confesión de parte, presidenta, que estos bienes no los ha declarado. Y otra causa, presidenta, de falta grave es esta presión reprochable y condenable al auditor. Se dice que él no lo ha presionado. Es el mismo argumento que ha dado hoy día un ministro, que dice que no ha condicionado al contralor. Pero si este señor que debe tener una idoneidad, que debe tener independencia y autonomía frente a los poderes públicos, porque va a supervisar la legalidad de la ejecución presupuestal, cómo puede decirle a su subalterno que lo investiga, le dice, “retira la denuncia y yo me someto a ti”. Si ese señor se somete a su subalterno, al auditor, yo pregunto, ¿no se habrá sometido a la señora Nadine Heredia y al señor Humala para tener el nombramiento? ¿No se habrá 10

sometido al gobierno que lo cobijó por unos días y luego traicionó? ¿No se habrá sometido a intereses oscuros ahora para los que lo defienden? Entonces, presidenta, eso es un elemento más que demuestra que este señor no está en una condición de idoneidad moral para este cargo. Ponga el video 4. —Inicio de la proyección de video. El señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Edgar Alarcón Tejada.— Si no le satisfacen mis descargos, porque yo me estoy sometiendo ante ti por la amistad que te tengo, es decir, estos son mis descargos. —Fin de la proyección del video. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidenta, cómo el contralor general de la República, que debe encauzar la conducta de los funcionarios que controla bajo estándares regulares, cómo pide procedimientos irregulares, retira la denuncia, yo hago tus descargos ante ti. Con qué autoridad va a investigar a un alcalde, a un ministro, a un gobernador. Y otra tema, presidenta, que sí creo que es condenable, que creo que peligra los valores que inspira la democracia, que pervierte la relación de cordialidad y de respeto que debe haber entre los altos funcionarios, me refiero a la interceptación ilegal, presidenta. Todos hemos escuchado con repudio ese audio y tanto las partes que han interactuado en ese diálogo, lo que tiene el contenido de ese audio es reprochable, no puede haber un funcionario que condicione al otro entregarle recursos a cambio de que modifique su conducta. Y eso tiene que ser censurado. Pero tampoco podemos permitir que un alto funcionario como el contralor haya interceptado ilegalmente a su interlocutor para poder corroborar su declaración. Este señor ha perdido la confianza, este señor ha perdido la confianza del país, y para que le crean tiene que grabar. Yo me imagino que él se quede al frente del cargo, ¿quién de nosotros querrá reunirse con él, escucharlo, quién no tendrá la preocupación que este señor te va a grabar, por qué, señora Presidenta, si la interceptación ilegal es condenable? En el Perú hemos condenado en el Poder Judicial a delincuentes que han interceptado legalmente. El que un alto funcionario como el contralor utilice como prueba para consolidar su posición frente al gobierno, esta interceptación. Creo que es condenable, señora Presidenta. Solamente quiero decir que todos estos elementos que he planteado están insertados como falta grave en el artículo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Control.

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Creo que esta Comisión Permanente tiene que garantizarle el debido proceso, que el contralor general pueda hacer uso de su defensa en la forma y modo que convenga a su derecho. No hay ningún apresuramiento para que la comisión se pronuncie, espero que todos los colegas se puedan ilustrar con la información y con las propias declaraciones del contralor. Pero me ratifico que el artículo 28 de la ley que exige como condición fundamental que el contralor sea una persona que tenga conducta intachable y que tenga reconocida solvencia e idoneidad moral, tiene que ver con su trayectoria, con su profesionalidad. Fíjese, esto nos va a permitir hacer una reflexión. En Chile, en el Congreso, exigen altas calidades profesionales y solvencia moral a quien va a ser contralor, no menos de diez años en el ejercicio de la función. En España, de donde es fuente nuestra Constitución, las cortes son muy escrupulosas para evaluar quién va a ser el presidente del Tribunal de Cuentas. En Colombia, hay una exigencia no solamente de carácter profesional, sino fundamentalmente de solvencia moral. Si este señor después de todo lo que estamos viendo, comienza con el argumento legítimo de repente para él de su defensa, decir que queremos descabezar la Contraloría, que él es una piedra en la planta del zapato para los corruptos. Quiero decir que ese señor fue el operador del señor Fuad Khoury, que lo del Callao, que lo de Áncash, que lo de Tumbes, lo de Chiclayo; todo se les pasó. Entonces, que no nos venga a decir este señor que es imprescindible para enfrentar o hacer frente a la corrupción. Al contrario, tengo un criterio absolutamente diferente, ellos han sido complacientes. Por eso, señora Presidenta, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho en los diez años del sistema democrático, el año 2003 cuando dimos esta ley, la Contraloría tenía 47 millones de soles de presupuesto, ¿saben cuánto tiene hoy? 514 millones, diez veces más presupuesto. Ojalá que esa lógica de incremento presupuestal se pudiera ir acompañada de resultados de la Contraloría. Y no has sido así, señora Presidenta, porque tenemos este tipo de funcionarios y porque también tenemos que hacernos una autocrítica, somos muy débiles en evaluar quién debe ser verdaderamente este alto funcionario. Espero, señora Presidenta, que no reeditemos, yo sé que este Congreso no va a reeditar el mal precedente sentado por el Congreso que se fue, que no permitieron que hiciéramos una evaluación, que no permitiéramos que estos hechos que han sobrevenido a la conducta de este funcionario y lo que él ha perpetrado ya siendo contralor, han hecho que se haya tomado una mala decisión.

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Señora Presidenta, lo dejo ahí, estos son los cargos que formulo y quiero decir lo siguiente: no le estoy imputando delitos porque no es la Comisión Permanente la competente para ver el tema de los delitos, que lo vea la Comisión de Fiscalización, que lo vea el fiscal. No estoy imputándole delito de función porque eso lo tiene que ver la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo único que he pedido es remoción por falta grave y he sustentado cuáles son las faltas que ha cometido y que ameritan que este señor pueda ser removido luego que la Comisión Permanente le dé el derecho a que pueda defenderse como cualquier otro funcionario. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Velásquez. Ha sido el primer orador porque también ha sido la primera carta que llegó al respeto. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Bruce. El señor BRUCE MONTES DE OCA (PPK).— Gracias, señora Presidenta. Voy a ser muy breve. Suscribimos en gran medida todo lo que ha dicho el congresista Velásquez Quesquén. Solamente decir que efectivamente necesitamos un contralor que tenga independencia, transparencia, honestidad. Si el gobierno quisiera tener una Contraloría mediatizada, débil, diríamos que se quede el señor Alarcón, ante cualquier posición incómoda hay muchos flancos por dónde tener este señor manejado; pero eso no le conviene al país, al país le conviene un contralor honorable, un contralor intachable, un contralor que tenga transparencia en todo lo que es su actividad pública y privada y este no es el caso. Por eso, Presidenta, creemos que tenemos que iniciar este proceso para estudiar las faltas que el contralor ha cometido y que eventualmente pueda concluir en una remoción del contralor actual y elegir a una persona que realmente esté a la altura de las circunstancias. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Bruce. Tiene uso de la palabra la congresista Montenegro. La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, señora Presidenta; gracias, colegas congresistas, la verdad que el detalle de las faltas graves están en mi carta 13

también de la misma manera en que ya las ha mencionado nuestro congresista Javier Velásquez Quesquén. Yo solamente quisiera añadir algo que me parece fundamental y que como congresistas tenemos que tenerlo grabado en nuestra consciencia de qué significa la Contraloría para nosotros; así como existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, existe un cuarto poder moral del Estado y ese poder es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, tiene como misión promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos. Yo me pregunto, con estos casos de corrupción, con esta falta de control, con este desmande de gobiernos locales, regionales, con estos sistemas de corrupción encubiertos, este señor ha cumplido en algún momento con la misión que le pide la Contraloría? La visión dice ser una institución reconocida por excelencia que crea y genera valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, qué valor va a generar esta persona, que desde ya solamente nos genera desconfianza, sus valores planteados específicamente la honestidad, de qué honestidad vamos hablar con él, de qué justicia vamos hablar con él, de qué prudencia vamos hablar con él. Entonces, como lo ha mencionado Javier, en la carta está cada una de las faltas graves con la base legal sustentatoria, y es fundamental tenerla clara que no queremos bajo ningún punto de vista dañar la institucionalidad de la Contraloría, pero tampoco podemos permitir bajo ningún punto de vista que esa persona se pudiera quedar un día más. Por eso era la ilusión de todos nosotros que el mismo día que pasaron y se conocieron estos hechos él pudiera renunciar. Pero qué vemos en el transcurso de los días, sale al siguiente día compras sin frenos, seiscientos mil dólares de compras con sus hijos de 17, 18, 19, 20, 23 años; pero se compra pan y se vende pan, cuánto se gana de utilidad en cada una de estas unidades vehiculares, y las hace coincidir para un pago menor a las 8 UTI de tal manera que no tributa y claramente es una evasión de impuestos; pero hoy día salen muchas compras de un millón ciento sesenta y cinco mil dólares con el mismo mecanismo. Entonces, ya no es evasión de impuestos, podría ser lavado de activos y eso no podemos estar bajo ningún punto de vista teniéndolo con nosotros. Cada día que él está en la Contraloría, no solamente es una siembra de antivalores de desconfianza, y qué más podrán revolver dentro de sus expedientes guardados por años; porque no nos olvidemos —y también estoy de acuerdo con Javier— en el sentido de que y Fuad Khoury qué hacía mientras él vendía millones de millones en vehículos, lo aplaudía. Y la pregunta sigue siendo, ¿y serán los únicos dos funcionarios que se dedican hacer business en la Contraloría, mientras nuestras regiones, provincias, gobiernos locales están 14

abandonados? Porque todo esto que ha pasado en Huaraz, en Chiclayo, en Áncash, en Chilca, es producto de la falta de control, de la falta de prevención. Entonces, ¿de verdad queremos luchar contra la corrupción? Todos nuestros planes de gobierno lo dicen; pero quienes tienen que decidir es acá, la verdad, Fuerza Popular, porque son la mayoría. Y he visto en algunas defensas que se pretende alinear un caso de esta naturaleza al caso de Chinchero, y eso no podemos permitirlo. Tengo acá el Plan de Gobierno de Fuerza Popular, que me parece bien importante resaltarlo, dice: "El Plan de Gobierno de Fuerza Popular representa un compromiso con el futuro del Perú, un cambio en las estructuras, que han venido de 200 años de vida republicana..."... La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Le solicitan una interrupción. ¿La concede? La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Claro que sí. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Beteta, puede interrumpir. La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, Presidenta. No entiendo a la colega Gloria Montenegro. ¿Qué tiene que ver el Plan de Gobierno aquí de Fuerza Popular? Usted está sustentando su documento en lo que concierne a la remoción del Contralor. Entonces, me gustaría que sustente en ese sentido, y no haga alusión a la bancada Fuerza Popular de leer el Plan de Gobierno. Gracias. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Continúe, congresista Montenegro. La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Muy bien, en este momento lo explico. Y lo he traído acá de la misma manera que lo traje en otras sustentaciones, porque acá casi en todos sus rubros mencionan la importancia de igualdad de género, igual lo mencionan y es importante, y no deben obviar esto porque, de repente, es un instrumento muy importante para fundamentar todo lo que se debate en este Congreso. Y dentro de esas propuestas estructurales, que mencionan acá, ¿qué dice Fuerza Popular? Dice: "Sentamos las bases de una Contraloría moderna, que apoya la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos y las metas de logro del gobierno". Mencionan varios antecedentes de las comisiones y cómo la corrupción le hace daño a través de una Contraloría General de la República. 15

En ese sentido, no podemos salir y decir que esto depende, que esto se grabó, que no se grabó. Acá todas las bancadas tenemos que juntarnos en una decisión unánime contra la corrupción en el Perú, contra la corrupción en el sector público, con un registro necesario de faltas y una reglamentación, de tal manera que podamos realmente solucionar este problema. Es necesario tener en cuenta que de todas estas actividades lucrativas del señor Alarcón, que tiene muchísimos años, y que intentó presentarla en varias oportunidades el auditor Walter Grados, fuera retirada del Congreso, y por ello se pretende insinuar que nosotros lo protegemos, porque no hablan de una bancada, hablan del Congreso: "El Congreso lo protege. El Congreso guarda". Entonces, por eso es que tenernos que unirnos para solucionar algo tan grave, algo que le hace tanto daño al país. Diez mil millones de dólares del PBI nacional se va en corrupción. ¿Hasta cuándo? ¿Ese Contralor va a poder permitir que se ponga orden? ¿Ese Contralor tiene credibilidad? ¿Ese Contralor va a tener algún mecanismo para que vaya a una región y en plena obra de la reconstrucción diga "esto no se hace así", "esto está observado"? No, ya no tiene credibilidad, ya no hay confianza en él. Por eso, señora Presidenta, presenté la carta con el mejor de los ánimos y cuanto antes solucionemos este problema es mejor, porque cada día salen más observaciones, cada una más grave que otra. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Montenegro. En eso estamos. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, Presidenta. Una democracia se basa no solo en el mandato de sus ciudadanos para delegar poder, sino también en la participación de los mismos para controlarlo, para ejercer sobre ese poder delegado un nivel de control y de fiscalización, y eso creo que es fundamental. Y, en segundo lugar, una democracia se basa también en la credibilidad y en la legitimidad de sus instituciones, instituciones que por más que tengan un mandato legal, si no gozan de legitimidad y de credibilidad, estas pasan a ser letra muerta e incluso pasan a ser la razón misma por la cual esa ciudadanía, ese pueblo que ha decidido dar un poder, considera que debe pedir que ese poder sea aplicado o en este caso, pedir que un poder y una institución fundamental en la patria pueda hacer que se halle cuestionado por la ciudadanía y puede ser que, además, si sus instituciones no funcionan, presidenta, eso genere una situación de ingobernabilidad.

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La situación a la que hemos llegado con la corrupción en el país tiene varios responsables, incluido este Poder del Estado, incluido el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial, la propia ciudadanía que en algunos casos se ha vuelto tolerante al tema de “no importa que robe pero que haga obra”, y sin duda tiene responsables inmediatos en una institución como la que estamos tratando, presidenta, la Contraloría General de la República. Porque los niveles de corrupción a los que se han llegado en los cuales hasta en el último distrito del país se haya permitido robar, tiene que ver con el hecho que hemos tenido contralores que no han estado a la medida y no han dado la talla del mandato que han recibido. Ni del mandato recibido por este Poder del Estado, a propuesta del Ejecutivo que plantea una terna a este Consejo Permanente para poder designar un contralor, ni a la medida de la expectativa que la ciudadanía tiene de este importante funcionario del más alto nivel en el país. Por eso cuando uno viaja por el país, presidenta, hasta en el último distrito a diferencia de lo que muchos piensan, no es menos Contraloría lo que se necesita, sino una Contraloría más eficaz, más eficiente, lo que no significa necesariamente más burocratizada, pero sí mucho más eficaz y mucho más eficiente. Estamos sumamente convencidos en el Frente Amplio, presidenta, que no se trata en este caso de darle espaldas a esta situación que, además, ha generado una suerte de conmoción en aquellos que pensaban que la Contraloría tiene que ejercer control, que pensaban que la Contraloría tiene que ayudar en los procesos de transparencia. Cuando uno va por los distintos lugares del país y hay distritos, hay rondas campesinas, hay frentes anticorrupción, hay ciudadanos que piden que, en nuestra labor de representación, una de las cosas que hagamos es que la Contraloría se ocupe de mirar las denuncias que hay o al menos que las denuncias que han mandado, las intervenciones que han pedido de la Contraloría pueda funcionar, sin embargo, el contralor parece haber estado de vacaciones. Y uno de los temas que hemos tenido que ahora afrontar, tiene que ver en gran parte con las cosas que nos llegan del Brasil, del sistema anticorrupción del Brasil que nos dicen “miren, en el Perú se han estado haciendo negocios de este tipo, entérense”, y tenemos que correr al Brasil para decirles dennos información, información que aquí fuimos incapaces de generar. Como está pasando ahora con el tema de leche Gloria. Indecopi, un organismo importantísimo con además recursos importantes y atribuciones importantes en el país, con una plana dorada de funcionarios y de técnicos, tenemos que enterarnos por regulaciones de Panamá, que una productora estrella y protegida por diversos Gobiernos en este país, que ha logrado esa dimensión que tiene sobre la base de la instauración del nuevo sistema de acaparamiento, en algunos casos de tierras y de nuevas haciendas en el país, modernizadas esta vez, favorecidas con plata de todos los peruanos para generar irrigaciones, como ha pasado con el Grupo Gloria. 17

Y sin embargo, de Panamá tiene que llegarnos que es lo que había que hacer en nuestro país para controlar, para fiscalizar este ejercicio abusivo, incluso engañoso, pernicioso, defraudante del poder. Y en este caso, presidenta, menos mal esta situación nos trae ahora a colación para decir en el Consejo Permanente demos una respuesta, demos la talla al país para decirle que en la principal institución del país en materia de control no va a haber impunidad. Y la investigación que se debe hacer al contralor para ejercer en principio el mandato que tiene este Congreso de fiscalizar y de ejercer control político es incuestionable, y ello debe hacerse en el marco, Presidenta, asumiendo varias de las preocupaciones que han expresado los colegas que me han antecedido en la palabra, debe hacerse en el marco de un proceso impecable que impida que luego por vía acción constitucional pueda ser desconocido o por vía de acción judicial lo que este Congreso actúe. Y yo respeto y ciertamente me he sumado en condición de una fuerza política que tiene un claro deslinde con corrupción, que el contralor, sin duda, está ejerciendo un cargo que en este momento no tiene legitimidad, y que al parecer, y eso es lo que hay que establecer en un informe que investigue las situaciones que ahora conocemos, que además en su momento fueron d conocimiento de la PCM. Fueron conocimiento de un grupo de trabajo en la Comisión de Fiscalización y no hicimos el trabajo a tiempo. Estamos en deuda y estamos, además, en una deuda, Presidenta, que estamos llegando con retraso. El tiempo apremia, la legislatura está para terminar, sin embargo, ninguna de esas razones deben hacer que tomemos una decisión que no esté fundamentada y esté adecuadamente documentada. Recordemos que la falta de legitimidad y credibilidad en la que ha caído el desempeño del rol del contralor no puede ser respondida con falta de credibilidad en una actuación de esta comisión. Y, por eso, Presidenta, creo que es fundamental que miremos este proceso no solamente en términos de quién desempeña el rol del contralor, sino que además hagamos que se fortalezca la institucionalidad de la Contraloría. O sea, el hecho de que aquí se investigue y que eventualmente se disponga o se muestren que hay responsabilidades que lleven a una remoción, en modo alguno debe implicar que es la Contraloría como institución la que resulta ser un obstáculo para el desarrollo, resulta ser un obstáculo para quienes han hecho del país una cueva de 'bandidos' para robar los dineros públicos, o de lobbies que se han ejercido de manera inadecuada, de manera, además, como lo sabemos, en las esferas del poder político y económico del país. Y en ese sentido, Presidenta, creo que es fundamental recordar cuál es el objeto de la Contraloría en el país, creo que es muy importante, además, recordar que como se ha señalado, el rol propio del contralor tiene que ver además con una conducta moral intachable, con idoneidad, que sea entonces, Presidenta, proporcional y creíble las decisiones que vamos a tomar aquí en la Permanente para hacer que se constituya, efectivamente, una comisión que permita elaborar el informe que pueda finalmente aprobarse para tomar decisiones con absoluta objetividad, pero sobre todo de cara a lo que el país está esperando. El país espera que sus instituciones, y de manera particular esta institución, la Contraloría y este Congreso den la talla para poder generar mecanismos institucionales que le digan al país "la lucha contra la corrupción no es solamente un discurso hueco y retórico, la credibilidad y la lucha contra la corrupción 18

tienen un compromiso pendiente de parte de este poder del Estado y no vamos a defraudar". En ese sentido, Presidenta, creo que es muy importante que veamos en la Comisión Permanente constituir un grupo de trabajo que elabore un informe, que se establezcan plazos, que tenga la representatividad política de todas las fuerzas políticas, porque creo que en este tema es importante luego no decir "lo hicieron unos, otros se abstuvieron, otros no dieron la cara". En todo caso, que la información que se pueda arribar, presidenta, le digan al país si hay esperanza de que podemos derrotar la corrupción. Muchas gracias, presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Arana. Han hecho uso, entonces, de la palabra los autores de las cartas y oficios sobre remoción del Contralor. Nos toca ahora abrir el debate. Y yo pediría que, por favor, ya se vayan pronunciando sobre el procedimiento a seguir. Ha pedido el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidenta. Justamente quería dar a conocer lo que hoy día en la mañana efectivamente se acordó en la Comisión de Fiscalización alrededor de ese tema. El día de hoy nos ha llegado oficialmente el acuerdo del Pleno del Congreso, donde dan a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, facultades de comisión investigadora para investigar todo el tema de Chinchero. Eso implica los actos preliminares, la firma de contrato de concesión, las adendas. Es decir, de un inicio hasta el último acto que se ha realizado en torno al aeropuerto de Chinchero. Entonces, en ese sentido nosotros hemos recibido también un documento el día de ayer a las 5 de la tarde del Ministro de Economía, quien pide ir a la Comisión de Fiscalización dentro de lo que significa la parte esta última de la grabación que hubo. Pusimos el debate el día de hoy, y por unanimidad se acordó efectivamente aceptar el oficio, la carta del Ministro de Economía. Iba a ser citado el día 14 a la Comisión de Fiscalización, y viendo en el caso del Contralor, evaluamos que ese tema estaba en ámbito de la Comisión Permanente. Por lo tanto, nosotros no podíamos tomar ninguna decisión porque tendremos que esta comisión es la que tiene que tomar decisiones, y, finalmente, lo envía a la Comisión de Fiscalización o formar el grupo de trabajo. Yo creo que ambas posibilidades son buenas, se trata de investigar. Yo discrepo en este caso con el colega Velásquez, cuando él dice no debe ir a la Comisión de Fiscalización, porque no debe salir del ámbito de la Comisión Permanente. La idea no es que salga del ámbito, en el caso así se había acordado, la cosa es que

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vaya a la Comisión de Fiscalización tan solo para investigar, luego ese informe llega nuevamente acá a la Comisión Permanente, y acá se toma una decisión. Pero yo creo que voy escuchando la idea es formar un grupo de trabajo y no tenemos por qué oponernos, la idea es que siga el debido proceso. Sin embargo, también yo quisiera decir lo siguiente, a veces somos muy tolerantes en algunos casos, en otros no. Por ejemplo, yo pregunto, colegas congresistas, ¿qué pasó con el accionar del Contralor Fuad Khoury? Algunos casos, Ancash, los gravísimos casos de corrupción de Ancash, incluso con asesinado, primero, intento de asesinatos como el caso de Nolasco, luego después de un tiempo, lograron el objetivo de asesinarlo. Asesinaron a su hijo, a los testigos, es decir, una corrupción total. Álvarez está en la cárcel, no por investigación de la Contraloría, y hubo que son, dinero del Estado. Sin embargo, hasta el día de hoy, presidenta, colegas, el señor no tiene hasta este momento ninguna sentencia, ¿cuántos años ha pasado? Creo que ya tres, cuatro años, están esperando que ya finalmente salga por exceso de carcelería, seguramente, como en otros casos. Ahí en el caso de Fuad Khoury, tenemos el caso de Chiclayo, con Beto Torres; Tumbes con Viñas, Loreto. Es decir, una corrupción generalizada. ¿Qué hicimos respecto a Fuad Khoury? Absolutamente nada; y valga la pena pues, presidenta, todavía no han pasado los cinco años. Sería importante, sería importante también abrir una investigación de repente acá en el Congreso para ver el accionar de Fuad Khoury, sería muy importante. Además como dice el colega, Javier Velásquez, con el que estoy completamente de acuerdo, él manifiesta pues que Fuad Khoury, efectivamente él fue el Contralor, y el Vicecontralor ese tiempo era Alarcón. Entonces, habría que investigar también a Fuad Khoury. Presidenta, lo más importante acá es que se den muestras de que este Congreso quiere luchar frontalmente contra la corrupción. Ese es el sentir de todos nosotros. Lamento que algunos congresistas, no sé en realidad, que tienen una fijación sobre nuestro partido Fuerza Popular dice: "Fuerza Popular quiere alinear el tema con Chinchero". Nadie quiere alinear el tema con Chinchero. Ni nadie quiere alinearse con nadie. Pienso que hay que preguntar, si no sabemos, si esta Comisión de Fiscalización tiene facultades de comisión investigadora. Creo que antes de ir contra el fujimorismo o Fuerza Popular, deberían ver lo que pasa en sus casas, con su presidente plagiador, y cosas por el estilo.

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Respetos guardan respetos. Desde temprano estamos con el tema de que el fujimorismo y el fujimorismo. Creo que acá las cosas deben estar en su real dimensión. Acá estamos tratando un tema que no tiene nada que ver con el fujimorismo. Sin embargo, nos quieren achacar que estaríamos blindando. Eso no es de ahora. Es un tema perenne y perenne. Y no lo vamos a tolerar. Presidenta, termino diciendo que Comisión de Fiscalización nos vamos a allanar a lo que diga esta Comisión Permanente, en aras de que se tenga una investigación objetiva y seria para luchar contra la corrupción. Gracias. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Ochoa. El señor OCHOA PEZO (FA).— Gracias, presidenta. Más allá de lo profundo que nos debe llevar esta reflexión respecto al debate que tenemos que empezar a emprender sobre la reforma de la Contraloría como tal, incluida la propia elección del contralor. Es importante, presidenta, señalar que en este espacio, en esta Comisión, se está en condiciones ya, creo yo, de poder establecer si hubo o no hubo falta grave. Entre los principios de la Contraloría, entre el objeto de la Ley 27785, se señala claramente que sus funciones son vigilar y verificar la correcta aplicación de la política pública. En el objeto de la ley señalada también dice, entre otras cosas, prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios... el desarrollo honesto y probo de las funciones o responsabilidades de los funcionarios. De la exposición que han dado los señores congresistas, queda claro que dedicarse a actividades lucrativas es un tema de falta grave. De la omisión de sus declaraciones de bienes, es una falta grave. El sometimiento y subordinación es otra falta grave. La interceptación y difusión ilegal de audios, es una falta grave. Por lo que creo, presidenta, que sí estamos de señalar, en principio, que no se trata de la Contraloría, se trata del contralor, que es un tema que sí tenemos que empezar a diferenciar y establecer con claridad de que este Congreso respalda y avala una Controloría Nacional del Estado Peruano, pero estamos hablando del contralor, no de la Contraloría. Independientemente, presidenta, de las decisiones que vayamos a tomar, si se va a formar una comisión para seguir el debido proceso, como se ha explicado, creo que si es 21

así, presidenta, esta comisión no debería demorar más de siete días, porque las condiciones están establecidas para tomar una determinación. Muchas gracias, presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Arce. El señor ARCE CÁCERES (FA).— Gracias, señora presidenta. En realidad, este es un tema bastante complicado de abordar, porque de por medio también está la credibilidad de la población frente a sus autoridades. Imagínense el rol y la responsabilidad que tiene el contralor, y la credibilidad que tiene la población justamente en la función que él ha asumido. Realmente, es bastante preocupante. Nosotros tenemos una posición muy clara, señora presidenta. Queremos expresar que somos muy respetuosos del debido proceso, pero estamos en la Comisión Permanente. Y así como tiene la capacidad de elegir al contralor, también tiene la capacidad resolutiva para poder removerlo. Y tiene que ser lo más pronto posible. No podemos dilatar. Si dilatamos, estamos dando también una imagen de que seguimos el mismo sistema burócrata del Estado, que sigue procedimientos. En la mañana, estuvimos escuchando en el tema de la leche, tal vez no viene al caso, pero veíamos que por un lado Indecopi tenía que seguir sus procedimientos, igual Digesa. Entonces, el Congreso de la República tiene que diferenciarse de estas instituciones, señora presidenta, porque es muy importante la imagen frente al país. Ahora, hay algo muy importante, que sea una oportunidad, lecciones aprendidas. No solo es el tema del contralor, en realidad qué podamos hacer desde el Congreso de la República para una reforma estructural de la Contraloría, que pueda abordar los diferentes problemas. En mi región, señora presidenta, están convocando a un paro indefinido el día 14. ¿Por qué? Porque quieren luchar contra la corrupción. Y un actor importante en la lucha contra la corrupción es la Contraloría. Y la Contraloría puede llegar a estamentos del Estado grandes, pero no llega a los pequeños, donde hay serie de denuncias. Por eso la exigencia de poder desarrollar toda una estrategia que permita fortalecer esta institución, pero también reestructurarla en su sistema. Eso es muy importante, señora presidenta. Yo quisiera terminar. En realidad, yo he visto en la labor del contralor algunas acciones muy importantes, pero hay que hacer la diferencia. Y voy a hacerle un ejemplo concreto. En Abancay, gracias a la actividad del contralor, antes que sea contralor general de la República, el alcalde provincial hoy día, el señor Noé Villavicencio, está en la cárcel porque las investigaciones llegaron hasta ese nivel.

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Pero lo bueno que pudo haber hecho en el tema de Chinchero también, si con una mano hizo bien el trabajo, con el codo ha borrado porque acá hay faltas graves, señora presidenta. El hecho de haber violado la prohibición de realizar una actividad lucrativa mientras ostentaba el cargo de vicecontralor es una falta grave. Y no hay vuelta que darle. El señor Velásquez Quesquén lo ha detallado. De la misma manera, la violación del Código de Ética de la función pública, la violación de la obligación de los funcionarios públicos de declarar todos sus bienes y rentas. Son una serie de faltas graves que se ha realizado y no hay otra alternativa que es su remoción inmediata. Es la posición que tenemos y queríamos expresarlo, señora presidenta. Gracias. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Arce. El congresista Mauricio Mulder. El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidenta, creo que va calando un consenso en el sentido de que la Comisión Permanente deba ocuparse de este tema en forma inmediata y además con acceso de la mayoría de las fuerzas políticas a un mecanismo que signifique respetar el debido proceso, en un proceso en el que solo la Comisión Permanente, de acuerdo al mandato legal, tiene las prerrogativas y las funciones que le corresponde con respecto al contralor, como bien se ha señalado acá. Y, sin duda, ese debido proceso supondrá que sea citado, que presente sus descargos, y después los parlamentarios que integren el grupo que recibe esa declaración informarán ante el pleno de la Comisión Permanente y la Comisión Permanente tomará las decisiones que estime pertinentes. En ese sentido, presidenta, hay que simplemente dar curso al procedimiento establecido como antecedente con el caso de la señora Higaonna, en el sentido de que ya el Tribunal Constitucional establece que sí hay un cumplimiento constitucional del debido proceso con el hecho de que escuche a la persona y con el hecho de que pueda ser, tener acceso a las imputaciones que se le hacen y después viene una votación en segunda instancia. En ese sentido, presidenta, me parece que se hace bien en convocar a esta sesión de esta Comisión Permanente, porque los hechos expuestos por el congresista Velásquez tienen una contundencia que, sin duda alguna, son incólumes. Ahora, yo creo, presidenta, que también debemos ser mucho más claros y precisos en determinar lo que ha señalado el congresista Becerril. Para nadie es un secreto que acá hay un contexto también. Para nadie es un secreto, presidenta, que todas estas circunstancias, que son hechos de falta grave que ha 23

cometido el señor Edgar Alarcón en su condición de funcionario público, surgen después de que hay un proceso en el que renuncia un ministro, surgen después de que hay un informe presentado por la Contraloría, y reitero muy bien lo dicho por el congresista Ochoa, en el sentido de que una cosa es el contralor y otra cosa es la Contraloría, y ese informe de Contraloría formula imputaciones penales contra altos funcionarios, una de las cuales ha sido recientemente nombrada viceministra de Vivienda, a pesar de que encabeza la lista de imputaciones graves en el tema de Kuntur Wasi, del tema de Chinchero. Entonces, no puede establecerse, presidenta, una abstracción del Congreso de la República ni de los parlamentarios que somos políticos, de este tema con respecto al otro. Es evidente que tienen una sincronización, pero ese ámbito le corresponde a la Comisión de Fiscalización; es decir, van a tener que haber de todas maneras los procesos sancionadores aquí en la Comisión Permanente, que van a ir con la velocidad que corresponda. Pero la Comisión de Fiscalización va a analizar el resto del contexto en el que se dé este tema, no es solamente aquí cumplir una suerte de ejecución y después qué. Las grabaciones que se han hecho entre el ministro y el contralor, no sabemos si de un lado o del otro, pero que determinan con las palabras del señor ministro que hay casi un proceso de extorsión con dinero público contra el contralor, ¿van a quedar en balde, las vamos a dejar ahí guardadas, vamos a decir ya pasó con este tema? Sin duda alguna no, señora Presidenta, por lo menos para algunos parlamentarios. Tiene que haber también una determinación aquí de responsabilidades y tiene que establecerse cuál ha sido la realidad de la toma de decisiones en el interior del gobierno porque aquí, señora Presidenta, lo que ocurrió es que se pretender decir que el Congreso de la República es responsable de haberse tumbado a un ministro, cuando ese ministro lo que hizo fue renunciar. No vengan tampoco, señora Presidenta, a decir que esa es una renuncia que no tiene que ver con el tema de Chinchero, sí tiene que ver con el tema de Chinchero y tiene que ver con el hecho de que el ministro Vizcarra en la víspera de su renuncia anuncia la cancelación de un contrato. Es cambiado por un ministro que lo primero que hace es decir: no, no hay cancelación del contrato, lo vamos a prorrogar. Después el mismo ministro olisqueando el ambiente político que se genera, dice: no, mejor ahora sí cancelamos el contrato. Claro, negociando con la empresa, que obviamente también tiene su capacidad en el análisis político y sabía que su posición era tan débil que mantenerla, hubiese sido un absurdo. Entonces, todos esos temas qué, ¿los vemos en un segundo plano, el tema de haberse presionado para que esta empresa subsista como la futura constructora de ese aeropuerto, no tiene acaso algún viso de investigación que deba establecerse? Por último, todo aquello que tiene que ver con el hecho que el contralor sacó ese informe de las negociaciones o conversaciones o vinculaciones de café que pudieran haber habido el viernes en la noche, entre el señor ministro de Economía y el contralor; y el 24

sábado en la noche, entre el mismo ministro de Economía, el contralor, más el ministro Vizcarra, ¿no debemos conocerla, no nos la deben explicarnos, no la deben contar los ministros? Yo creo que sí, señora Presidenta. Entonces, en función de ese criterio me parece que estas investigaciones que van a en un ámbito distinto y que van a tener consecuencias distintas, porque el informe que haga la comisión de investigación en su momento, también llevará a que se puedan formular las acusaciones que corresponda si es que va a haber alguna acusación constitucional o las absoluciones y santificaciones que corresponda, si eso también dice el grupo de trabajo. Pero no se puede soslayar, señora Presidenta, ese tema. Lo digo claramente porque hay quienes piensan si la cabeza del contralor ya está puesta en una bandeja de plata, se acabó y ya lo de Kuntur Wasi quedó para atrás y eso es historia, no hagamos nada, miremos para adelante, volteemos la hoja. No. Creo que aquí tiene que haber responsabilidades que se deben asumir sobre ese tema en el que la ciudadanía del Cusco puso todas sus expectativas que iban ser traicionadas a partir del momento en que se pretendía que un consorcio que no tenía ningún tipo de respaldo financiero, iba a ser ayudado por el gobierno para que construyese un aeropuerto en el que no había puesto un sol. Eso, señora Presidenta, creo que es lo que nosotros tenemos que pronunciarnos como congresistas y como Congreso, para que el pueblo de Cusco sepa que lo que se ha buscado en este Congreso es que sí tengan su aeropuerto, lo tengan lo más rápido posible pero que el gobierno se responsabilice de que las cosas se hagan bien y no para que algunos puedan tener la posibilidad de ganarse algún dinerillo extra. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Mulder. Tiene el uso de la palabra el congresista Morales. El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Gracias, señora Presidenta. Creo que argumentos aquí ya se han dado bastantes, sobre todo algunos congresistas y hay una posición también de mi bancada sobre el tema, pero hay que aclarar algunas cosas, señora Presidenta, que la acción que se tiene ahora es consecuencia de una situación política que se ha dado en el país. Eso es lo primero que hay que decir. Y cuando hablamos de política, señora Presidenta, detrás los funcionarios claramente lo han estado negociando y se han reunido ahí para hablar y dar un tira y jala, un ministro de Economía, reunido con el contralor para hablar, ¿de qué señora Presidenta, de cómo se reparten la plata todos los peruanos? Esta es una de las razones por la cual está acá la situación del contralor.

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Se ha dicho además, señora Presidenta, que acá hay un conjunto de faltas graves, claro que sí, faltas terribles, ante los ojos de todos los peruanos. Esto hay que decirlo, esta falta grave ante los ojos de todos los peruanos. Esto hay que decirlo, esta falta grave ante los ojos de todos los peruanos no puede pasar por agua tibia, o entregamos al contralor y se resuelve las cosas. No, Presidenta, acá hay un tema también de acción política del Parlamento y creo que algunos parlamentarios lo vamos a iniciar, que es el tema de la interpelación y a posterior, posiblemente censura del ministro de Economía, Presidenta, un ministro que viene chantajeándole al contralor, y el contralor tratando de sacar un presupuesto (disque presupuesto para lo que él necesita), en esa circunstancia se encuentra el Perú, Presidenta, yo no creo que esta Comisión Permanente pueda dejar que esto se vaya así nomás, Presidenta. Y la discusión que se tiene acá no solo es sobre los hechos actuados del contralor, Presidenta, porque acá también hay otro sector que está involucrado, que es el propio Ejecutivo, Presidenta. Si bien se está discutiendo si habido hechos o no hechos del contralor, y se está colocando en el tema lo actuado por el contralor, acá también hay otra situación, Presidenta, que creo que todos los parlamentarios debemos asumir, es que el contralor ha entrado a un espacio de negociación con el Ejecutivo. Y claramente acá lo decía mi colega Mauricio, acá habido un tema político de decisión en la cual han estado a todas luces y a la visión de todos los peruanos repartiéndose el dinero de todos los peruanos. Eso es lo que ha pasado, clarísimo. Y entonces, sobre eso, Presidenta, hay una necesidad que todos los parlamentarios también se toque el tema pues del ministro de Economía, Presidenta. Y el asunto del ministro de Economía no se resuelve solamente con el tema del contralor... Me piden una interrupción. Con todo gusto, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Bruce, puede interrumpir. El señor BRUCE MONTES DE OCA (PPK).— Gracias, Presidenta. Podemos hablar toda la tarde del ministro de Economía, del ex ministro de Transportes, del ministro de Vivienda, de la viceministra de Saneamiento, eso me parece temas interesantísimos, pero ninguno de esos va ser materia de votación esta tarde. Hoy estamos hablando del tema de si iniciamos un proceso de remoción del contralor o no. El tema del ministro de Economía está encaminado y hoy día se a aprobado por unanimidad que lo investigue la Comisión de Fiscalización. Esta Comisión, esta Comisión Permanente no va tomar una decisión al respecto; por supuesto los congresistas están en libertad de tocar los temas que consideren convenientes, pero el tema que nos toca hoy aquí es decidir si iniciamos esa comisión o no y ahí deberíamos centrarnos. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Bruce. 26

Para que pueda terminar, congresista Morales. El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Le agradezco, Presidenta. El tema no es que sea interesantísimo, Presidenta, acá la acción es política y lo estamos poniendo, y lo tiene que asumir el Congreso de la República, Presidenta, y tiene que nacer desde esta Comisión Permanente. Y por supuesto que no escapa, Presidenta, a la situación del contexto político, y una de las razones fundamentales con la cual el contralor se encuentra en la situación en la que se encuentra, es precisamente, Presidenta, por lo actuado por él y a sabiendas de lo que debía haber hecho antes, que es velar por los recursos del país y no lo a hecho, y al contrario ha ido por otro camino, Presidenta. Entonces, acá hay una necesidad, Presidenta, de que este contralor tiene que definitivamente salir, y eso es lo que se ha planteado en gran mayoría de todos, yo no creo que se deje eso de lado; pero además, Presidenta, sobre lo actuado del contralor conjuntamente con varios ministros y viceministros como le decía, tiene que ir al tema de fiscalización, Presidenta, y por supuesto que tiene que venir el ministro de Economía también a hablar aquí sobre el tema, sobre lo actuado, sobre las relaciones con el contralor, sobre el asunto de Kuntur Wasi, y cómo ha venido negociando atrás, Presidenta. Le agradezco. Muchas gracias. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Morales. Tiene uso de la palabra, congresista Marisol Espinoza. La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Muchas gracias, Presidenta; saludando a los colegas congresistas. Definitivamente el tema que ha convocado el día de hoy a la Comisión Permanente es la remoción y la actuación del contralor general de la República. Definitivamente, la falta de idoneidad para seguir desempeñando el cargo, señora Presidenta, no solamente nos preocupa, sino que todo el país está preocupado por la actuación no solamente por los actos que ya los colegas que me han precedido en el uso de la palabra han señalado, sino adicionalmente, señora Presidenta, un tema de institucionalidad y creo que es importante separar la labor de la Contraloría de la actuación de una persona como es el contralor y que tendrá que ser analizada y señalada. Bueno, yo era de la idea, y creo que el grupo parlamentario de Alianza para el Progreso también de que se pudiera tomar una decisión lo más pronto posible, creo que hay el consenso de formar una comisión, y nosotros sí pediríamos, señora Presidenta, que esta comisión tenga plazo porque ya conocemos, sino hay plazos se prolonga, y cuando baja el ruido político definitivamente no hay sanción y no hay ninguna situación que pueda cuestionar la actividad que se ha venido desarrollando. 27

Es una actuación, señora Presidenta, que no está vinculada a la actuación del gobierno, porque los actos que ha cometido o se han registrado desde la figura, la persona del Contralor, son anteriores al gobierno. Y lo que sí nos preocupa a nosotros por un tema no solamente de institucionalidad, de la capacidad de movimiento que tengan los funcionarios públicos, sino, señora Presidenta, desde el mínimo trato de respeto al ser humano. Cómo es posible que un funcionario público vaya con equipos especiales a chuponear a otro, o a interceptar a otros funcionarios públicos, y a cualquier ciudadano en general. Creo que la actuación no solamente es de condena, sino de mucha preocupación, señora Presidenta, porque pensábamos que actuaciones o hechos que ya habíamos superado, vuelven, y vuelven con mucha fuerza, pero ahora ya no la realiza equipos de inteligencia o equipos delincuenciales orientados a este tipo de actividad, sino desde la actividad pública, porque vemos a un auditor grabando a su jefe, el otro jefe yendo de despacho ministerial en despacho ministerial para obtener una grabación. Lo cual, señora Presidenta, además, señala que si realmente tenía voluntad de cuestionar la actuación, debió hacerla en su oportunidad y en su momento cuando se sintió o sintió que estaba haciendo aparentemente, según sus palabras, presionado. Pero definitivamente, creo que no resiste mayor análisis que el propio ministro de Economía se pueda grabar para perjudicarse en esta actuación. Por eso, señora Presidenta, vuelvo a insistir, nosotros planteamos desde Alianza Para el Progreso que creo que, como Congreso de la República, deberíamos tomar una decisión rápida, eficiente. Bueno, hay que respetar el debido proceso y es por eso que se va a formar esta comisión, pero que sí se pueda tomar una decisión en un plazo rápido, porque estamos alargando una situación que realmente ha sido insostenible durante los últimos días. Gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Muchas gracias. Por último, tenemos la palabra del congresista Galarreta. El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Primero, quiero iniciar señalando, como algunos han podido ir viendo, que el encargo de la bancada de Fuerza Popular, que es obviamente, Presidenta, y ojalá que lo escuchen así, no me refiero acá, sino a quienes difunden la información... La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Permítame, congresista Galarreta. Voy a agradecer a los asesores y a los congresistas para poder escuchar. Es la última intervención ya, para luego estar tomando decisiones. Congresista Galarreta.

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El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, Presidenta. Y le decía en relación a la necesidad y a la importancia que hemos estado consensuando, como es el estilo del Parlamento, y como es el estilo de Fuerza Popular, con la mayoría de los voceros, y si no están sus voceros con alguno de los miembros de la bancada una idea. Pero antes de eso, Presidenta, yo quisiera solamente hacer algunas reflexiones que son importantes, porque finalmente quienes estamos aquí reunidos, y como han señalado todos, es para tomar una decisión sobre unas denuncias que han aparecido, finalmente nos hemos reunido no por el oficio que llegó antes del 8 de junio del año 2016, es decir cuando se nombró al señor Edgar Alarcón como Contralor de la República. En ese momento, Presidenta, quienes hoy han querido deslizar y, básicamente, me refiero a la forma de transmitir la información con camiseta de colores al Contralor, diciendo que hay un blindaje. Presidenta, yo tengo acá, este es el diario que casi siempre miente, y a veces dice la verdad, La República, acá, Presidenta, cuando se denunció, cuando hubo cuestionamientos sobre el señor Alarcón, este diario dijo “el Fujimorismo se sincera y ahora afirma que el Congreso es suyo”, la noticia fue y recordarán, cuando Pedro Spadaro hace un comentario. La noticia al día siguiente no fue “cómo es posible que el Parlamento haya elegido a este contralor que tiene cuestionamientos”, no, no, un ratito, porque el contralor lo había puesto el Nacionalismo. ¿Quiénes más votaron, presidenta?, APP, Perú Posible, el grupo que salió del Humalismo, que era otro segmento del Humalismo; es más, un diario serio hace recordar lo siguiente y dice que — Perú 21 me refiero — y dice, que la acusación que había hecho el Fujimorismo es respondida por el señor Josué Gutiérrez en ese momento. Y dice el señor Josué Gutiérrez “acusó a Fuerza Popular de haber fabricado la denuncia y tildó a sus parlamentarios de cobardes y chantajistas” Ese fue el momento de la elección del señor Alarcón. De ahí a la fecha, yo quisiera saber quién estuvo detrás de esa denuncia, ¿porque sabe cuál fue el comentario?, y tal vez algunos se acuerdan porque algunos somos reelectos, la consigna fue “hay que elegir contralor urgente porque la mayoría Fujimorista va a poner a su contralor” Y ahí salieron las ONG, salió todo el mundo para tratar ¿de qué?, de ayudar a Humala y sus aliados de ese momento. Y por si acaso a través suyo a mi amigo Javier Velásquez que también se opuso, yo no estuve en esa Comisión Permanente, yo era vicepresidente pero yo no estuve en ese momento, eligieron a toda costa a un contralor… El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— (Intervención fuera del micrófono) Una interrupción. El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Si, encantado. 29

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— No, yo me he expresado… La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Tiene la interrupción, congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Disculpe, presidenta, la verdad que disculpe. A través de usted, la referencia ha sido que el año 2009, el 21 de enero del año 2009, cuando nombramos a Ingrid Suárez, ahí Luis Galarreta era miembro de la Comisión Permanente con Bedoya, a esa referencia hice, no hice a la elección del actual contralor. Gracias. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Continúe, congresista Galarreta. El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, presidenta. Y en ese momento las denuncias, yo me acuerdo que el congresista Aguinaga incluso presentó un documento, ¿qué se decía en ese momento?, se decía que esas denuncias hay que investigarlas, no es posible que la Contraloría caiga en manos de una persona que tenga tales cuestionamientos, no. El diario que casi siempre miente y a veces dice la verdad, dice: “nuevo contralor plantea dar sanciones drásticas a la corrupción del Estado”, encima le hace publicidad. Así que, aquí primero las cosas claras, Fuerza Popular, el Fujimorismo no blinda a nadie, no protege a nadie y esto es el contralor que eligió los Humalistas, Apepistas, Peruposibilistas, ese fue el momento que se eligió. Ahora, ¿hay cuestionamientos?, sí; ¿debe investigarse?, por supuesto que debe investigarse, nunca hemos dicho que no debe investigarse. Lo que hemos dicho también es, presidenta, que qué raro, me hubiese encantado que en lugar de cuestionar lo que decía el señor Spadaro en ese momento, lo que cuestionaban los congresistas del Fujimorismo en ese momento y que los domingos en la noche — y el APRA — y los domingos en la noche, en lugar de sacar como repiten cada hora en el canal de cable y a cada hora repetían lo que decía Pedro Spadaro, nadie se ocupó de la denuncia al contralor. Pero un año después sale en el canal — del Estado iba a decir, no — en un canal “x” en la noche, el noticiero del Gobierno como fuese, sale un cuestionamiento después de un año, ¿alguien ha cuestionado al señor Zavala que tuvo el mismo documento que llegó acá y que lo mandó a la oficina de la CAN, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción? Deslizan que la presidenta del Congreso, oiga, la presidenta del Congreso, usted lo sabe, presidenta, recibe cientos de oficios y eso lo maneja de administración y tiene que derivarlos. Entonces, presidenta, creemos que tiene aclararse, investigarse, a mí sí y con todo respeto algunos dicen “sí hay que hacer un debido proceso”, rapidito hace una semana, “ya, el 30

debido proceso”, “yo lo botaría pero un debido proceso”, oiga un ratito o creemos en la presunción o creemos en debido proceso o tenemos que demostrar que los cuestionamientos, varios serios que ha presentado el congresista Velásquez, ameritan para una destitución. Porque no se trata que ahora sí, los que jamás levantaron su voz, los que jamás cuestionaron, ahora sí digan que eso que pasó hace algún tiempo atrás — que me parece que tiene que quedar aclarado porque una persona como un contralor de la República no puede tener cuestionamientos, si es que no se aclara cómo han sido esas cosas — ahora sí él no puede estar al frente. ¿Por qué? Y ahí viene la válida intervención de los parlamentarios, y acá no quiero armar ninguna polémica, pero por qué, porque viene a raíz de un tema que el contralor finalmente se termina enfrentando en un tema, mal que bien, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, y entonces se ve feo, pues. Se ve feo que terminamos acá porque un programa y otro medio, ¡Pun!, empiezan a presionar, porque le es fastidioso el contralor en este momento. Yo recuerdo, Presidenta, que hubo una cuestión cuando estaba el señor Khoury, con el propio contralor, en un tema que se vio en la Comisión de Defensa, que también cuestionamos un informe de la Contraloría. Al contrario, ahí, como se trataba el exministro Rey y otro, al contrario, "se hizo un informe una maravilla". Ahora, "el informe es poco técnico". Entonces, me da pena, Presidenta, y lamento, no de acá, sino de quienes informan con doble moral cuando ahora se horrorizan y encima nos vienen a decir que nosotros queremos blindar. Por supuesto que no vamos a blindar a nadie. Creo que acá nadie, ningún grupo va a querer blindar a nadie. Ese es el trabajo del Parlamento. Hemos consensuado con todos los grupos parlamentarios, Presidenta, creo que la primera, una de las ideas que también era válida, que vaya a la Comisión de Fiscalización, ahí hay facultades de comisión investigadora, donde tendrá que ir el contralor, probablemente, pero por los temas relacionados al contrato Chinchero. Y el ministro Thorne, yo creo que debe renunciar, se va a prestar a una interpelación porque lo han planteado ya dos grupos parlamentarios. Pero en fin, yo creo que hay que cuidar la figura constitucional del Presidente y no traerlo acá a preguntarle, qué le dijo el Presidente que le diga al contralor sino lo financian... Yo creo que eso sería fatal, pero cada uno va decidiendo. Y allá se verá sobre el tema del audio. Porque algunos dicen: "Cómo va a grabarlo". Bueno, pues, que acá todos digan con micro o sin micro que estén seguros que el contralor le grabó. ¿Pero alguien puede poner una prueba en el medio para destituir a un funcionario y decir "acá está la prueba que lo grabó"? Entonces, nosotros sí respetamos el estado de derecho y respetamos un debido proceso de verdad, o sea, no si me gusta ahora o me conviene ahora. Porque por supuesto, si hay una prueba que lo grabó, es más, ni 20 minutos necesita el subgrupo de trabajo. Pero se 31

fue... O sea, ahí pueden decir "pues, no va a ser el ministro que se autograbó". Lo que quieran, pero existe o no existe un estado de derecho, o sea, para quién vale el estado de derecho, para mis amigos sí, para mis enemigos no hay forma. Entonces, considero Presidenta, que este subgrupo de trabajo, este subgrupo que no es un grupo de investigación porque tiene que recibir los descargos y tiene que evacuar un informe para que la Comisión Permanente finalmente decida si corresponde la destitución o no corresponde porque tendrá que llegar, para muchos sí corresponde en el acto, para otros no. Pero tampoco, Presidenta, si vamos a hacer, disculpen la frase, "la finta", vamos a hacer "el amague" de un debido proceso solo para que se diga que no, no estamos violentando el debido proceso, entonces mejor digamos la verdad: "Queremos destituir al contralor porque no nos gusta ahorita". Para nosotros, queremos que se aclare estas cosas. Nosotros creemos que se tiene investigar. Para Fuerza Popular no puede haber un contralor con unos cuestionamientos sin que esté claro, para ver si amerita o no que el señor tenga que irse a su casa, o esto no amerita esos cargos. Pero un debido proceso donde... por mí que se vaya, pero bueno, todos quieren un debido proceso, ya pues, hagamos un debido proceso, siete días pues ya. ¡Un ratito! O sea, ¿vamos a un debido proceso o no? Nosotros no pretendemos blindar a nadie, porque repito, este fue un contralor que le dejó el aliado Ollanta Humala al gobierno actual, y que ha estado durante un año todo guardadito porque no sé qué esperaba. O sea, si el contralor no era antipático ahorita estaríamos acá conversando otra cosa. Porque claro, porque estamos acá porque el canal del Estado, no el canal, el programa de La Noche saca un tema y ahora todo el mundo se mueve. Así que, Presidenta, si uno revisa los antecedentes, acá incluso está cuando señala ese medio escrito, que dice "los fujimoristas y el APRA quieren presentarle una vacancia al presidente Luis Iberico de APP, porque cuando se pidió que no se ponga al voto, lo pusieron al voto, y cuando se dijo, "ya está de salida este gobierno", "espérense un ratito". Al contrario, dijeron "no, si viene la mayoría fujimorista hay que meterlo de una vez". "Pero tiene tal o cual cuestionamiento". "No importa", ahora importa. O sea, ya no es que nosotros vamos a elegir al contralor, no es como quieren el código, quieren que salga por un tubo, cómo, no es que no querían, no decían que querían sacar por un tubo, ahora quieren que salga por un tubo todo lo que quieran ellos. Entonces, Presidenta, ese doble discurso la verdad que es penoso. Pero creo, Presidenta, que finalmente el Congreso va a estar a la altura, tiene que hacer un trabajo, hay un grupo que tiene que crearse, creo que no puede ser para la tribuna ni para la finta, tiene que ser un verdadero debido proceso que debe tener un plazo mínimo y un plazo máximo, no puede ser más de mucho tiempo porque tampoco puede pensarse que eso va a ser de inmediato. Y, Presidenta, creemos que debe ser un subgrupo... Tengo dos interrupciones que me ha pedido el congresista Segura y la congresista Beteta, yo ya voy a terminar con esto, yo encantado de dársela.

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He conversado tanto con el grupo de Acción Popular como con los congresistas del Apra, un subgrupo de siete congresistas, donde se estarían un representante de Frente Amplio, que lo dirá su vocero; un representante del Peruanos por el Kambio, lo decidirá su vocero; un representante de Alianza por el Progreso, que lo decidirá la vocera; y cuatro miembros de Fuerza Popular. Voy adelantar por si acaso, para los medios amigos, nosotros no la vamos a presidir, simplemente estamos respetando el tema de proporcionalidad. Pero, presidenta, creo que se ha ido hacia ese consenso, es más, me atrevo a, yo ya tengo los nombres de los miembros de la bancada, creo que podrían ponerse en el acto a trabajar, pero no hagamos una finta de un debido proceso. O sea, en una democracia, un Estado de derecho quienes respetamos las normas, no nos tienen que llevar de las narices porque hay presión mediática. No, no, repito. Si se tiene que irse, se tiene que ir. Pero en un debido proceso. Nosotros nunca, nunca, hemos protegido, ni hemos estado cubriendo nada, al contrario, siempre seguimos en la misma línea que hemos tenido desde un comienzo, presidenta. Así que dejo la propuesta que se ha conversado, este es el planteamiento y si usted la tiene a bien, tenía las interrupciones. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Tiene dos interrupciones por excepción. Congresista, me permite, la congresista le había pedido primero, el congresista Segura y usted también. Congresista Beteta. La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidenta; gracias, colega Galarreta. Sí, efectivamente solo para señalar y dejar claro un tema. Que recordamos mucho, incluso, hicimos una conferencia de prensa en estas denuncia, y luego de haber sido ya electo y estaba electo el actual presidente de la República, el señor Kuczynski, ¿qué señaló? Nos llamó la atención a todos los colegas congresistas, decir que ese congreso deje de trabajar al Contralor, que él había conversado, que para él el tema de la compra de sus propiedades estaban totalmente justificadas, y le ido el espaldarazo. Entonces, raro luego de un año, justamente cuando salen todos estos informes, piden y ahora señalan que todos estos hechos debieron de haber sido de la responsabilidad del Congreso. Por eso, nosotros en Fuerza Popular, estamos totalmente tranquilos, porque lo que hemos hecho, es un trabajo coherente, consecuente. Y hoy lo único que estamos pidiendo es, se respete un debido proceso sin blindaje a nadie. Gracias, presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista Beteta.

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Congresista Segura. El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Gracias, presidenta. Yo solo quería precisar lo siguiente, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la Ley 27785, en su artículo 28.°, requisitos para ser Contralor General. Son requisitos para ser Contralor General de la República, f) tener conducta intachable de conocida solvencia e idoneidad moral. Señora presidenta, ahora los solicitantes de la remoción del Contralor, acaban de sustentar presuntos hechos de configuración de falta grave. Pero mi intervención, presidenta, es para recordar que en el literal f) de la Ley 27785, contiene términos indeterminados como conducta intachable e idoneidad moral que necesitan ser corroborados con hechos, y con recepción de descargos del Contralor, esto para garantizar el debido proceso parlamentario, y que luego no se cuestione la decisión del Parlamento. En ese sentido, el grupo que se designe de la misma Comisión Permanente o la Comisión de Fiscalización, señora presidenta, deberá realizar una investigación objetiva y de grosa* para establecer si hay o no falta grave. Y eso, señora presidenta, tiene que tener un tiempo prudencial para determinar si es que esto procede o no. Gracias, presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias. Congresista Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muy breve, presidenta. Diré que la posición frente a la actual designación del señor Alarcón, no ha cambiado en el caso personal, y no es por nada personal que tenga con él, sino que porque no se permitió que se hiciera una evaluación. Y nosotros cuando presidí el Congresos, hicimos una evaluación de la persona que sorprendió al Congreso. Nosotros no pedíamos que no lo nombren, sino que venga a explicar el tema de sus negocios inmobiliarios. El tiempo nos está dando la razón. Segundo, quería decir lo siguiente. Cuando se habla de debido proceso; el debido proceso tiene varios principios, el derecho a que se defienda el investigado, pero, ¿quién defiende el interés del país? El plazo razonable, por favor, el plazo razonable. Entonces, lo que yo quisiera, presidenta, es decir lo siguiente: la idoneidad, la reconocida idoneidad moral sí tiene contenido, justamente las conductas. Y eso lo va demostrar el grupo de trabajo.

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Quiero repetir, reiterar, que la Comisión de Fiscalización es competente para ver los delitos, no del lado del tema de la señora que salió la Contraloría que le han pagado ese fiten, desde ahora voy para el sistema de control, pero eso lo verá la Comisión de fiscalización. No va a ser este grupo una investigación de estos delitos, sino de determinar si estas faltas graves no lo hacen idóneo para el cargo a ese señor. Gracias, presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Voy a resumir lo que hemos estado conversando y los acuerdos que han tenido ustedes como voceros. Entiendo que primero está en consenso crear un subgrupo de trabajo de toda la Comisión Permanente. Segundo, que tendría siete integrantes. Está mencionado ya uno del Frente Amplio, uno de PPK, otro de APP y cuatro de Fuerza Popular. Primero vamos a votar la conformación del subgrupo y los integrantes. El número. ¿El plazo ya está acordado? 15 días. Okay. Votamos todo eso y después los nombres, por favor. La primera votación es para la conformación del subgrupo de trabajo, el número de integrantes y las fuerzas políticas, y los 15 días de plazo. Calendario. Congresista Becerril. El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Inicialmente estaban planteando una semana de plazo. Colegas, quiero, y les pido por favor, que ustedes confíen en el grupo de trabajo. Porque creo que la desconfianza se da... "No, hay que poner el plazo, porque de repente no quieren investigar, la van a hacer larga". Quienes tenemos alguna experiencia en el tema de investigación, no solamente hay que citar con una anticipación de tres días. No viene esa vez, hay que volver a citar. También hay que pedir información a la Sunarp respecto a los bienes muebles e inmuebles que se han comprado. Pregunto yo: ¿Quieren que se investigue, como dice el colega Galarreta, simplemente por decir? Por favor. No voy a investigar en base a lo que dicen los periódicos. Compró 10 carros o compró 30 carros. Tenemos que tener información para evacuar informe correcto a la Comisión Permanente... La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— ¿Qué propone, congresista Becerril? 35

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Creo que deben ser 15 días hábiles, presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Correcto. Quince días hábiles. Entonces, esa es la primera votación. Señor relator, en votación nominal, por favor. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 24 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la creación del Grupo de trabajo encargado de elaborar un informe respecto de los pedidos de remoción del Contralor General de la República, que estará conformado por siete miembros y contará con un plazo de quince días hábiles. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Han votado para conformar, así se va a llamar por si acaso, el Grupo de Trabajo encargado de elaborar un informe respecto de los pedidos de remoción del Contralor General de la República, 24 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Entonces, ha sido acordada la conformación de este grupo con el plazo que han sugerido ustedes, de 15 días hábiles, de los grupos parlamentarios ya mencionados, Frente Amplio, PPK, APP y cuatro de Fuerza Popular. "Votación nominal para la conformación del Grupo de trabajo encargado de elaborar un informe respecto de los pedidos de remoción del Contralor General de la República Señores congresistas que votaron a favor: Bartra Barriga, León Romero, Galarreta Velarde, Salaverry Villa, Reátegui Flores, Beteta Rubín, García Jiménez, Segura Izquierdo, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Alcalá Mateo, Arana Zegarra, Ochoa Pezo, Arce Cáceres, Bruce Montes de Oca, Aráoz Fernández, Sheput Moore, Espinoza Cruz, Velásquez Quesquén, Villanueva Mercado, Tapia Bernal, Pariona Galindo, Martorell Sobero y Montenegro Figueroa." La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Señores, vamos a proceder a nombrar ahora a los integrantes que han sido propuestos por sus bancadas para proceder a esta segunda votación. Ya, los nombres que me han alcanzado son Juan Sheput, por Peruanos por el Kambio; Marco Arana, por el Frente Amplio; Gloria Montenegro, por Alianza por el Progreso; Héctor Becerril, Rolando Reátegui, César Segura y Maritza García, por Fuerza Popular. Si están de acuerdo todos, por favor, sírvanse levantar la mano, porque ya lo hemos hecho antes en forma unánime. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se aprueba la conformación de los integrantes del grupo de trabajo de la Comisión Permanente. 36

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Frente Amplio ya está consultado. Su vocero hasta el momento. El problema interno, por favor, lo resuelven ustedes. Aprobado, entonces, por unanimidad. Perdón, me están haciendo ver que la congresista Montenegro es la que ha presentado la denuncia. No puede firmar. Entonces, tendría que ser Marisol Espinoza, como estuvo propuesto. Se cambia. Entonces, Marisol Espinoza, para el grupo. Congresista, por unanimidad la han elegido, así que… Si no hay nadie en contra, ha sido aprobado por unanimidad. SUMLLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Seguimos con la agenda, señores congresistas. Se va a dar cuenta de 33 informes de calificación remitidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaran la improcedencia de denuncias constitucionales y que no requieren debate. Señor relator. El RELATOR da lectura: Informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Denuncias Improcedentes Denuncia constitucional 5, formulada por el señor Daniel Raúl Castrillón Erausquín contra los vocales supremos Roberto Acevedo Mena, Juan Chávez Zapater, Elina Chumpitaz Rivera, Néstor Morales Gonzales e Isabel Torres Vega; los miembros del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinoza-Saldaña Barrera, Mariella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, José Sardón de Taboada y Óscar Urviola Hani; los fiscales supremos Carlos Mansilla Gardella, José Antonio Peláez Bardales y Pablo Sánchez Velarde; así como los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila Grados y Pablo Talavera Elguera, por la presunta violación del artículo 391 de la Ley 29364, Código Procesal Civil. Denuncia constitucional 8, formulada por el señor Walter Grados Aliaga contra el contralor general de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos... La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Señor Relator, un momentito.

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Me acaban de hacer presente, y lo pongo a consideración, cierto, el criterio que hemos aplicado para la congresista Montenegro ha dado por resultado que la congresista Marisol Espinoza sea nombrada por su grupo parlamentario. También ha presentado carta el congresista Arana. Entonces, tendría que nombrar a otro de su grupo político. Congresista Arana, usted también ha presentado la carta. Es el mismo criterio que tenemos, no puede ser juez y parte. ¿Podría usted designar a otra persona? El señor ARANA ZEGARRA (FA).— ¿Tiene que ser de la Comisión Permanente? La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Tiene que ser de la Comisión Permanente. Mientras va leyendo, entonces quedaría pendiente eso. El RELATOR da lectura: 2. Denuncia Constitucional 8, formulada por el señor Walter Grados Aliaga contra el contralor general de la República Edgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, previsto y sancionado en la Ley 27765 y su modificatoria, Decreto Legislativo 1106; negociación incompatible, tráfico de influencias y falsedad ideológica, ilícitos contemplados en los artículos 399, 400 y 428 del Código Penal; así como por nepotismo, regulado en la Ley 30294. 3. Denuncia Constitucional 10, formulada por el señor Héctor Yataco Hernández en contra de la fiscal adjunta suprema Gianina Rosa Tapia Vivas, por la presunta infracción al numeral 6) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 4. Denuncia Constitucional 29, formulada por el señor Jesús Jacob Dávila contra los ex congresistas Martha Chávez Cossío, Santiago Gastañadui Ramírez, Ana Jara Velásquez, María Soledad Pérez Tello de Rodríguez, Martín Rivas Teixeira y los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Javier Velásquez Quesquén, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, de omisión y rehusamiento de actos funcionales, encubrimiento personal, aprovechamiento indebido de cargo y falsedad genérica, contemplados en los artículos 376, 377, 399, 404, 407 y 438 del Código Penal, así como infracción a los artículos 2, incisos 16) y 23); 139, incisos 3) y 5); y 103 de la Constitución Política del Perú. 5. Denuncia Constitucional 53, formulada por el señor Alejandro Rodríguez Medrano contra el señor Víctor Lucas Ticona Postigo. 6. Denuncia Constitucional 6, formulada por el señor Manuel Antonio Milla de León Apéstegui contra el presidente del Tribunal Constitucional Manuel Miranda Canales.

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7. Denuncia Constitucional 90, formulada por el señor José Carlos Daniel Álvarez Merino en contra de miembros del Tribunal Constitucional. 8. Denuncia Constitucional 36, formulada por el señor Raúl Fernando Castrillón contra el fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez Velarde y la ex fiscal suprema Nora Victoria Miraval Gambini, así como contra el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido César Águila Grados. 9. Denuncia Constitucional 37, formulada por el señor César Vásquez Vásquez contra el fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por el delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal. 10. Denuncia Constitucional 43, formulada por el señor Jorge Alejandro Balboa Vergara contra los ex congresistas y congresistas Rogelio Canches Guzmán, ex presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones; Jaime Delgado Zegarra, ex presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor; Marco Falconí Picardo, ex presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; Víctor Andrés García Belaunde, ex presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; Luis Iberico Núñez, ex presidente del Congreso de la República; Víctor Isla Rojas, ex presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones; Humberto Lay Sun, ex presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria; José Luna Gálvez, ex presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; Agustín Molina Martínez, ex presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor; Freddy Otárola Peñaranda, ex presidente del Congreso de la República; Ana María Solórzano Flores, ex presidenta del Congreso de la República; y Yonhy Lescano Ancieta, por la presunta comisión del delito de omisión y rehusamiento de actos funcionales regulado en el artículo 377 del Código Penal. 11. Denuncia Constitucional 44, formulada por el señor Martín Arquímedes Siccha Vásquez contra los congresistas Héctor Becerril Rodríguez, Marisol Espinoza Cruz, Víctor Andrés García Belaunde, Rolando Reátegui Flores, Segundo Tapia Bernal, Javier Velásquez Quesquén; y los ex congresistas Esther Capuñay Quispe, Santiago Gastañadui Ramírez, Marco Falconí Picardo, José León Rivera, María Soledad Pérez Tello, Martín Rivas Teixeira, Ana María Solórzano Flores, Pedro Spadaro Phillips, Julia Teves Quispe y Enrique Wong Pujada. 12. Denuncia Constitucional 45, formulada por el señor Adolfo Nepomuceno Arias Callupe contra el vocal supremo Víctor Ticona Postigo. 13. Denuncia Constitucional 46, formulada por el señor Adolfo Nepomuceno Arias Callupe contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. 14. Denuncia Constitucional 47, formulada por el señor Manuel Franciles Chávez García contra Guido Águila Grados y Orlando Velásquez Benítez, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura; contra la vocal suprema Ana María Aranda Rodríguez, presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, así como contra Beatriz Jerí kuriyama, directora de Selección y Nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura.

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Denuncia Constitucional 30, formulada por el señor Amarante Valerio Gonzales Latorre contra Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación. Denuncia Constitucional 38, formulada por el señor Félix Adán Zúñiga Mestanza contra el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido César Águila Grados y los consejeros Orlando Velásquez Benítez, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Sergio Iván Noguera Ramos. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresistas. Perdón, señor Relator. Están escuchando de quiénes se está archivando, ¿no?, por si caso, porque luego vienen los reclamos. Ahí están, así es. Gracias. El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 38, formulada por el señor Felix Adán Zúñiga Mestanza contra el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido César Águila Grados, y los consejeros Orlando Velásquez Benítez, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Sergio Iván Noguera Ramos, Elsa Maritza Aragón Hermosa de Cortijo, Heber Marcelo Cubas y Segundo Baltazar Morales Parraguez. Denuncia Constitucional 42, formulada por el señor Leopoldo Blas Estrada contra los miembros del Tribunal Constitucional Mariella Leonor Ledesma Narváez, José Luis Sardón de Taboada, y Manuel Jesús Miranda Canales. Denuncia Constitucional 59, formulada por el señor Santos Raúl Díaz Revilla contra los vocales de la Corte Suprema Ramiro de Valdivia Cano, Helice Chumpitaz Rivera, Isabel Cristina Torres Vega y Juan Chávez Zapater. Denuncia Constitucional 70, formulada por la señora Silvana Fabiola Milagros Calle Miranda contra el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila Grados y los consejeros Gonzalo García Núñez, Luz Guzmán Díaz y Pablo Talavera Elguera, por infracción de diversos artículos constitucionales. Denuncia Constitucional 77, formulada por el señor Cipriano Fernández Gutiérrez, contra el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, y de los consejeros Orlando Velásquez Benítez, Iván Noguera Ramos y Maritza Aragón Hermosa. Denuncia Constitucional 85, formulada por el señor Humberto Armando Rodríguez Serna, contra el Fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Denuncia Constitucional 86, formulada por el señor Humberto Armando Rodríguez Serna contra el Fiscal de la Nacional Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Denuncia Constitucional 91, formulada por el señor Aurelio Edilberto Hernández Sotomayor contra el Fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez Velarde.

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Denuncia Constitucional 98, formulada por el señor Luigi Calsolayo contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia Constitucional 25, formulada por el señor Víctor Rubén Mascaro Mosquera, representación de Raúl Enrique Prado Barrabines contra el ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias. Denuncia Constitucional 26, formulada por el señor Carlos Ramón Gómez Chiarella contra el ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias. Denuncia Constitucional 24, formulada por el señor Adolfo Fernández Sare contra el ex presidente del Congreso Luis Iberico Núñez. Denuncia Constitucional 51, formulada por el señor Hugo Enrique Causso Cajaleón, contra el señor Jaime Saavedra Chandubi, exministro de Educación, por abuso de autoridad en la modalidad de omisión de actos funcionales, ilícito normado en el artículo 377 del Código Penal y la Superintendente de la Sunedo Lorena Masías Quiroga, y la directora de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Sunedo Mariela del Barco Herrera por no corresponder la prerrogativa de antejuicio. Denuncia Constitucional 52, formulada por el señor Hugo Enrique Causso Cajaleón, contra el señor Alfredo Eduardo Thorne Vetter ministro de Economía y Finanzas. Denuncia Constitucional 99, formulada por el señor Santos Sixto Saavedra Romero, contra el expresidente de la República Alan Gabriel García Pérez, por haber caducado la prerrogativa funcional del antejuicio, y al codenunciado Estado Peruano representado por el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard, y el Presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala Lombardi. Denuncia Constitucional 104, formulada por la señora Esther Peñaloza Gilaja, contra los vocales supremos Héctor Lama More y Diana Chávez Rodríguez. Denuncia Constitucional 106, formulada por el señor Germán Cahuas Medina, contra el vocal supremo Enrique Mendoza Ramírez, por la presunta infracción de los incisos 2, 3, 5 y 13 del artículo 139 de la Constitución, y al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Denuncia Constitucional 101, formulada por el señor Jesús Paredes Zegarra, contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra Cornejo. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Señores congresistas, ustedes han escuchado todas las denuncias constitucionales que han sido pasadas al archivo y, de conformidad con el inciso c) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República, pasan al archivo los informes calificados leídos. Vamos a ver el tema del cambio de nombres en la lista del grupo de trabajo de la Comisión Permanente. Ha pedido el uso de la palabra el congresista Arana. 41

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidenta, para dar lectura a la carta que le envié desde la vocería de la bancada, con fecha 2 de junio, en el último párrafo se expresa de manera explícita el propósito de la carta, que no ha sido de ninguna manera adelanto de opinión en el caso que nos ocupa, sino, por el contrario, estrictamente el acuerdo que hemos tomado hoy día. El párrafo, permítame leerlo, dice lo siguiente: "Urge la presencia del actual Contralor General ante la Comisión Permanente para que brinde explicaciones satisfactorias a la Representación Nacional, quién podría removerlo del cargo si esto no ocurriese así", es decir, el tema es que pueda tener derecho a legítima defensa. Y señalamos allí: "Al respecto, advertimos la necesidad de evitar el debilitamiento de la Contraloría para continuar sus funciones de control", es decir, justamente, en salvaguarda de la institucionalidad de la Contraloría. Por tanto, Presidenta, el tema de que uno había presentado denuncia contra el Contralor, no se colige de la carta. La carta lo que ha planteado es que sea invitado a la Comisión Permanente, así que no habría razón para impedir que forme parte de la comisión, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Sí, señor Arana, estamos entendiendo que en la carta no pide usted remoción. Habíamos confundido eso. Entonces, nuevamente, por favor, para ratificar, han habido algunos cambios. Quedan el congresista Juan Sheput, Marco Arana, Vásquez Sánchez en reemplazo de Marisol Espinoza, Becerril Rodríguez, Reátegui Flores, Segura Izquierdo, Salazar Miranda en reemplazo de García. Esos serían los conformantes del grupo de trabajo de la Comisión Permanente. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se aprueba nuevamente la conformación del grupo de trabajo. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Ha sido aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente tema. El señor ARCE CÁCERES (FA).— Señora Presidenta, le pedí la palabra, por favor. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Arce, tiene la palabra. El señor ARCE CÁCERES (FA).— Señora Presidenta, es bastante incómodo poder abordar este tema, pero es muy importante mencionarlo. Acá estamos tres miembros del Frente Amplio en papeles y no hemos sido consultados para esta representación. Ha habido la posibilidad inclusive de sustituir, pero se ha buscado todo tipo de mecanismos para poder excluirnos. Nosotros representamos a diez congresistas, 50% de la bancada, señora Presidenta. 42

Yo le voy a pedir, le voy a exhortar y voy a hacerlo público, porque no podemos seguir soportando tanto arbitrariedad de parte del señor Marco Arana, y lo digo con todo respeto, pero somos el 50% de la bancada que permanentemente estamos siendo excluidos. En el caso particular mío hasta me retiraron de la Comisión de Ética de manera arbitraria, usted es testigo. Yo le voy a exhortar, por favor, porque esto es por el bien del Congreso de la República. No es un congresista. El señor Marco Arana tendrá un tema personal conmigo, por lo que estoy viendo, pero ese tema pasa a un segundo plano. Acá hay el 50% de la bancada que no está de acuerdo con las arbitrariedades que el señor Arana está tomando permanentemente. En este caso somos tres miembros de la bancada, miembros titulares, y lo mínimo era hacer una coordinación para que se pueda elegir quién era el representante. Tenemos una carga inclusive bastante pesada, no había ningún interés particular de asumir esta responsabilidad. Y después, si usted revisa quiénes son los miembros alternos, acá está presente inclusive una congresista que es miembro alterno de la Comisión Permanente, pero ni siquiera se han dignado en hacer esa consulta, señora Presidenta. Yo le voy a pedir, por favor, que en el próximo Consejo Directivo se asuma y se vea, a través del Congreso de la República, una salida para que podamos solucionar este problema, porque no podemos cortar los derechos que tenemos los congresistas, que no fue porque un vocero lo impone, fuimos elegidos por la votación popular, que inclusive en porcentaje representamos casi al 80% de todos los votos que ha recibido el Frente Amplio. Gracias, señora Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Congresista Arce, le comunico que este tema ha quedado por verse en el Consejo Directivo. En la última sesión la congresista Glave no se pudo quedar, y lo que pidió es que se reparta la carta que ella había cursado, hasta ese estado tenemos el caso del pedido que ella ha solicitado. Los voceros analizarán, con la carta que tienen entre sus manos, si le concierne al Consejo Directivo resolver ese problema o es un problema interno, pero en todo caso, yo no me opongo que en el próximo Consejo Directivo se pueda analizar si alguien lo plantea. Ha pedido la palabra el congresista Arana, pero les quiero recordar que todavía tenemos agenda pendiente, y yo quisiera terminar con esta agenda pendiente. Congresista Arana.

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El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Solo, presidenta, para decirle que los temas internos de la bancada deben ser tratados en cada bancada. Y en ese sentido, la documentación correspondiente se le ha hecho llegar y en todo caso consideramos que un principio fundamental es el respeto a la institucionalidad de este Congreso. En todo caso, los problemas internos que tenemos, efectivamente, se resuelven en ese ámbito interno. No existe una nueva bancada, la ley y el reglamento lo impiden tal cual está, y creo que es lamentable, presidenta, que se quiera sorprender a la Presidencia del Congreso señalando que la existencia de una nueva bancada, que en el marco de la ley y el reglamento no existen, esto pueda estar generando problemas más bien en la toma de decisiones del conjunto del Congreso. Muchas gracias, Presidenta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Gracias, congresista. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Vamos a dar cuenta de la Denuncia Constitucional 20, que cuenta con informe de calificación procedente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor relator, dé lectura. El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 20, formulada por el ex congresista Daniel Fernando Abugattás Majluf, contra los ex magistrados del Tribunal Constitucional Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, por la supuesta infracción constitucional de los artículos 45, 51, 147, 150 y 154, inciso 1), de la Constitución Política. La señora PRESIDENTA.— En aplicación del primer y segundo párrafos del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Votación nominal. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 21 votos a favor y una abstención, la propuesta de la Presidencia de otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente el informe final de la Denuncia Constitucional 20.

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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. "Votación nominal de la propuesta de la Presidencia de otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente el informe final de la Denuncia Constitucional 20 Señores congresistas que votaron a favor: Bartra Barriga, Galarreta Velarde, Salaverry Villa, Reátegui Flores, Beteta Rubin, García Jiménez, Segura Izquierdo, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Alcalá Mateo, Arana Zegarra, Ochoa Pezo, Arce Cáceres, Bruce Montes de Oca, Aráoz Fernández, Sheput Moore, Velásquez Quesquén, Villanueva Mercado, Pariona Galindo, Martorell Sobero, Montenegro Figueroa. Señora congresista que se abstuvo: León Romero." SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar cuenta de la Denuncia Constitucional 21, que cuenta con informe de calificación procedente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor relator. El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 21, formulada por el excongresista Sergio Tejada Galindo, contra el excongresista Julio Roberto Herrera Pumayauli, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400.° del Código Penal. La señora PRESIDENTA.— Se va a dar lectura a un oficio remitido por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El RELATOR da lectura: Oficio n.° 31-2016-2017 Lima, 7 de junio de 2017 Señora Luz Salgado Rubianes Presidenta del Congreso de la República y de la Comisión Permanente. Al expresarle mi cordial saludo, me dirijo a usted para manifestarle con relación al asunto de la referencia, que en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de mi presidencia realizada el martes, 6 de junio del presente año, se acordó por unanimidad la caducidad de las denuncias constitucionales 21 y 23 del período parlamentario anterior, que fueron declaradas procedentes por la subcomisión. Aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración y estima personal. 45

KARINA BETETA RUBÍN, Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— De conformidad con el oficio leído, se va a votar la declaración de caducidad de la Denuncia Constitucional n.° 21. Votación nominal. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 19 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la declaración de caducidad de la Denuncia Constitucional 21, del período parlamentario anterior. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Ha sido aprobada la caducidad. En consecuencia, la Denuncia Constitucional 21 pasa al archivo. "Votación nominal de la declaración de caducidad de la denuncia constitucional 21 Señores congresistas que votaron a favor: Bartra Barriga, León Romero, Galarreta Velarde, Salaverry Villa, Reátegui Flores, Beteta Rubín, García Jiménez, Segura Izquierdo, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Alcalá Mateo, Ochoa Pezo, Arce Cáceres, Aráoz Fernández, Sheput Moore, Velásquez Quesquén, Villanueva Mercado, Pariona Galindo, Martorell Sobero." SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar cuenta de la Denuncia Constitucional N.° 22, que cuenta con informe de calificación procedente de la Subcomisión de Acusaciones constitucionales. Señor relator. El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 22, formulada por el excongresista Antonio Merino Ortiz en contra del ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Gustavo Lino Adrianzén Olaya, por la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, encubrimiento personal y falsedad genérica, tipificados en los artículos 377, 404 y 438 del Código Penal. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— En aplicación del primer y segundo párrafos del inciso d) del artículo 89.° del Reglamento del Congreso, la presidencia propone otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Votación nominal. 46

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones realice la investigación y presente su informe final. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Han votado a favor 18 señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. "Votación nominal de la propuesta de la Presidencia de otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones realice la investigación y presente su informe final respecto de la denuncia constitucional 22 Señores congresistas que votaron a favor: Bartra Barriga, León Romero, Galarreta Velarde, Salaverry Villa, Reátegui Flores, Beteta Rubín, García Jiménez, Segura Izquierdo, Ávila Rojas, Alcalá Mateo, Ochoa Pezo, Arce Cáceres, Aráoz Fernández, Sheput Moore, Velásquez Quesquén, Villanueva Mercado, Pariona Galindo, Martorell Sobero." SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar cuenta de dos informes de calificación remitidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mediante los cuales se rechaza de plano las Denuncias Constitucionales 33 y 49. Señor relator. El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 33, formulada por el señor Germán Cahuas Medina contra el ex presidente de la Corte Suprema Enrique Javier Mendoza Ramírez, por la presunta infracción constitucional prevista en los incisos 3) y 5) del artículo 139.° y el inciso 15) del artículo 2.° de la Constitución Política. 2.— Denuncia constitucional 49, formulada por el señor Luis Fernando Rivas Arenas contra el vocal supremo Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, por la presunta comisión del delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Codito Penal. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— De conformidad con el inciso m) del artículo 89.° del Reglamento del Congreso de la República, pasan al archivo. Me pide la palabra un ratito la congresista Karina Beteta para hacer una precisión también. La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidenta. 47

Si, decirle que estos dos acusaciones constitucionales que habrían caído en caducidad, corresponde al anterior Parlamento, que no habría dado el trámite correspondiente. Eso queremos dejar constancia. Asimismo, respecto a las otras denuncias constitucionales que han pasado al archivo, nosotros notificamos a los denunciantes para que ellos puedan tomar la decisión de derivarlas a la instancia que consideran pertinente. No sé, ellos ya deciden. Presidenta, solo eso quería señalar. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar cuenta de un informe de calificación remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que declara la procedencia en un extremo de la Denuncia Constitucional 23 y la improcedencia en otra. Señor relator. El RELATOR da lectura: Denuncia Constitucional 23. Formulada por el excongresista Sergio Tejada Galindo, mediante la cual se declara improcedente la denuncia contra el expresidente Alan García Pérez, por la presunta infracción del artículo 118, inciso 19, de la Constitución Política del Perú. Se declara improcedente la denuncia contra el exministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, por las presuntas infracciones a la Constitución Política, a los artículos 118, inciso 19, y 126, y la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y colusión, previstos en los artículos 399 y 384 del Código Penal, al haber caducado la prerrogativa del antejuicio y juicio político respecto del período de su gestión culminado el 18 de marzo de 2011. Y se declara procedente la denuncia contra el exministro de Educación, Víctor Raúl Díaz Chávez, por la presunta comisión del delito de colusión, contemplado en el artículo 384 del Código Penal. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar lectura a un oficio remitido por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor relator. El RELATOR da lectura: Oficio 31/2016-2017. Lima 7 de junio de 2017. Señora congresista 48

Luz Salgado Rubianes Presidenta del Congreso de la República y de la Comisión Permanente Al expresarle mi cordial saludo, me dirijo a usted para manifestarle con relación al asunto de la referencia que, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de mi presidencia, realizada el martes 6 de junio del presente año, se acordó por unanimidad la caducidad de las denuncias constitucionales 21 y 23 del Período Parlamentario anterior, que fueron declaradas procedentes por la Subcomisión. Aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración y estima personal. Atentamente, KARINA BETETA RUBÍN, Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— De conformidad con el oficio leído, se va a votar la declaración de caducidad de la Denuncia Constitucional 23. Votación nominal. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 17 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la declaración de caducidad de la denuncia constitucional 23. La señora PRESIDENTA.— Ha sido aprobada la caducidad. En consecuencia, la Denuncia Constitucional 23 pasa al archivo. "Votación nominal de la declaración de caducidad de la denuncia constitucional 23 Señores congresistas que votaron a favor: Bartra Barriga, León Romero, Galarreta Velarde, Salaverry Villa, Reátegui Flores, Beteta Rubín, García Jiménez, Segura Izquierdo, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Alcalá Mateo, Aráoz Fernández, Sheput Moore, Velásquez Quesquén, Villanueva Mercado, Pariona Galindo, Martorell Sobero. Señores congresistas que se abstuvieron: Ochoa Pezo y Arce Cáceres." SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar cuenta de un informe de calificación remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara la improcedencia en un extremo y se rechaza de plano en otro la Denuncia Constitucional 40. Señor relator.

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El RELATOR da lectura: De la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mediante la cual se declara la improcedencia de la Denuncia Constitucional 40, formulada por el señor Martín Arquímides Siccha Vásquez, contra el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por la presunta infracción constitucional al inciso 1) del artículo 1, inciso 1), 2) y 23) del artículo 2, primer párrafo del artículo 44 e inciso 3) y 5) del artículo 139; así como también haber incurrido en los delitos de encubrimiento personal, de omisión de la acción penal, de prevaricato y de asociación ilícita para delinquir, ilícitos contenidos en los artículo 404, 424, 418 y 317 del Código Penal; y de conformidad al inciso m) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República; y se rechaza de plano la denuncia contra los fiscales supremos Carlos Américo Ramos Heredia, Gianina Rosa Tapia Vivas, José Antonio Peláez Bardales, Liz Patricia Benavides Vargas y Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— De conformidad con los incisos c) y m) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el informe de calificación leído. SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar lectura a la propuesta de declaración de caducidad de la Denuncia Constitucional 27, planteada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor Relator. El RELATOR da lectura: De la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mediante el cual propone que la Comisión Permanente declare la caducidad de la Denuncia Constitucional 27, formulada por los excongresistas Werner Cabrera Campos, Yaneth Cajahuanca Rosales, Marisol Espinoza Cruz y otros contra el ex ministro de Economía Y Finanzas Luis Carranza Ugarte y el ex ministro de Agricultura Carlos Leyton Muñoz por supuestamente haber incurrido en infracción constitucional al quebrantar los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— De conformidad con el oficio leído, se va a votar la declaración de caducidad de la Denuncia Constitucional 27. El RELATOR pasa lista para la votación nominal: —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 20 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la caducidad de la denuncia constitucional 27.

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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Entonces, ha sido aprobada la caducidad. En consecuencia, la Denuncia Constitucional 27 pasa al archivo. "Votación nominal de la declaración de caducidad de la denuncia constitucional 27 Señores congresistas que votan a favor: Bartra Barriga, León Romero, Galarreta Velarde, Salaverry Villa, Reátegui Flores, Beteta Rubín, García Jiménez, Segura Izquierdo, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Alcalá Mateo, Arana Zegarra, Ochoa Pezo, Arce Cáceres, Aráoz Fernández, Sheput Moore, Velásquez Quesquén, Villanueva Mercado, Pariona Galindo, Martorell Sobero." SUMILLA La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Se va a dar lectura a la propuesta de declaración de caducidad de la Denuncia Constitucional 28, planteada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor relator. El RELATOR da lectura: De la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mediante el cual propone que la Comisión Permanente declare la caducidad de la Denuncia Constitucional 28, formulada por el señor Víctor Huaraca contra los fiscales supremos Nelly Calderón Navarro y Miguel Ángel Cáceres Chávez, por supuestamente haber incurrido en la comisión de los delitos de retardo en la Administración de Justicia, omisión de denuncia, prevaricato y encubrimiento, delitos previstos en los artículos 407, 418 y 404; respectivamente, del Código Penal. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— De conformidad con el oficio leído, se va a votar la declaración de caducidad de la Denuncia Constitucional 28. Votación nominal, señor relator. —El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto. —Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la caducidad de la denuncia constitucional 28. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Ha sido aprobada la caducidad. En consecuencia, la Denuncia Constitucional 28 pasa al archivo. "Votación nominal de la declaración de caducidad de la denuncia constitucional 28 Señores congresistas que votaron a favor: Bartra Barriga, León Romero, Galarreta Velarde, Salaverry Villa, Reátegui Flores, Beteta Rubín, García Jiménez, Segura Izquierdo, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Alcalá Mateo, Ochoa Pezo, Aráoz Fernández, Sheput Moore, Velásquez Quesquén, Villanueva Mercado, Pariona Galindo y Martorell Sobero. 51

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Señores congresistas, en la agenda se incluye el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone acusar al señor Alejandro Yovera Flores, ex congresista de la República. Oportunamente se tiene que citar al referido ciudadano para que ejerza su derecho a defensa y se le tiene que comunicar con anticipación para que pueda traer su abogado. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del Acta para ejecutar todo lo acordado en la presente sesión. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubianes).— Aprobado. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Mañana Pleno a las nueve en punto de la mañana. —A las 18 horas y 53 minutos, se levanta la sesión.

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